Esta semana ocurrió lo que ya había ocurrido a principios de año.
Iniciando el 2022 se reportó un aumento en la cantidad de “habeas corpus”, o lo que es lo mismo, la cantidad de personas que son puestas en libertad pero no porque han sido exculpadas o porque no hay evidencia en su contra, sino porque el Estado no ha podido garantizarles un juicio justo al cabo de seis meses de haber sido encarceladas.
Y la utilización de ese recurso hace todo el sentido del mundo si nos ponemos en el lugar de los arrestados. ¿Es justo permanecer encarcelado eternamente sin que se nos encuentre culpables de algún delito? Evidentemente no. El problema es que muchos de quienes terminan siendo liberados por el recurso de habeas corpus son individuos peligrosos que en circunstancias regulares no tendrían derecho a ser liberados con un grillete. Pero ante la incapacidad del Sistema Judicial de enjuiciarles a tiempo, entonces son liberados. Según me admitió en su momento Janet Rodríguez, la directora del programa de Servicios con Antelación a Juicio (que se encarga de monitorear los grilletes) típicamente los individuos liberados por habeas corpus suelen ser “más difíciles de monitorear”..Precisamente en el comienzo del año, un convicto descrito como peligroso e identificado como Adrián Sánchez se escapó luego de quitarse su grillete tras haber sido liberado por un mecanismo de habeas corpus.
El hombre había sido acusado por el asesinato de una mujer de 19 años en Gurabo y aguardaba por un juicio que no se produjo dentro del tiempo establecido en la Constitución.
Esta semana trascendió que 6 personas liberadas por el recurso de habeas corpus se cortaron sus grilletes y están prófugos. Probablemente ninguno habría cualificado para estar libre con vigilancia electrónica, pero la lentitud en el sistema les otorgó ese derecho. Y eso representa un problema. Antes de la pandemia los casos de habeas corpus eran poco comunes, según el Colegio de Abogados. En 2019 a penas hubo 94 solicitudes. Para 2020 los casos aumentaron en un 400% y llegaron hasta las 408 liberaciones.
En 2021 el número se redujo a 196 y este año la cifra sigue más alta que en 2019, con 103 casos.
¿Por qué siguen altos los números a pesar de la normalización paulatina de las funciones en los tribunales? Ello podría deberse al ataponamiento inicial tras el 2019 que llenó de trabajo a los tribunales.
Sin embargo, en su momento se aseguró que se tomarían medidas extraordinarias para bajar los casos, y eso incluiría jornadas de tiempo extra para los jueces. Sin embargo, a la fórmula se añadieron dos asuntos que podrían aportar a que siga el tapón de casos. La avalancha de solicitudes de juicio por jurado en los tribunales locales y la aparente baja en la cantidad de jueces y el aumento en renuncias, lo que dejaría a la rama Judicial con menos recursos para atender los casos. Sea cual sea la razón, es preciso preguntarse si el Gobierno ha hecho lo necesario para atender le asunto.
Según expertos, el retraso en la realización de juicios no solo afecta a quienes esperan por ser enjuiciados y quienes podrían ver sus casos afectados con el paso del tiempo. Podría afectar también la efectividad del Estado para procesar los casos si el tiempo tiene el efecto de alterar la claridad de la prueba o la disponibilidad de testigos. Pero además la liberación de personas altamente peligrosas solo porque no se les ha enjuiciado pone potencialmente en peligro a los ciudadanos que, tras estas evaciones, se exponen a nuevas rachas de violencia protagonizadas por personas que deberían estar tras las rejas. Todos perdemos con la justicia tardía porque, a fin de cuentas: ¿Es realmente justicia?
