Esta semana, específicamente el domingo en la mañana, el país se enteró de que la Junta de las Alianzas Publico Privadas dio paso a un contrato para privatizar la generación de energía que hoy está en manos de la AEE. La decisión resulta aún más sorprendente a la luz de la experiencia que hemos vivido con el contrato de LUMA Energy y la falta de fiscalización del cumplimiento del mismo por parte del gobierno de Pedro Pierluisi.
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Con este nuevo contrato, nada sabe el país sobre el costo y la inversión de dinero público, el posible impacto en la tarifa, los planes para hacer transición a fuentes de energía renovable, cómo se protegerán los derechos de los trabajadores actuales de la AEE, qué medidas se tomarían para retener el conocimiento y talento que se necesita para trabajar eficientemente nuestro sistema eléctrico, entre muchas otras interrogantes. El proceder de la Junta de las APP es muestra de que no se aprendió nada del proceso que ha vivido el país con el contrato de LUMA.
No se trata de oponerse a toda propuesta de privatización. De hecho, creo deben ser evaluadas caso a caso bajo un parámetro principalísimo: lograr el mejor servicio posible a la gente. Sin embargo, esa evaluación tiene que ser distinta cuando se trata de un servicio esencial. Por eso, mi posición y la del PPD, aprobada por su base en la más reciente asamblea de reglamento, es clara en contra de la privatización de los servicios esenciales. El aval de los representantes del interés público designados por los presidentes legislativos de mi partido es contraria a ese principio. Esa es la verdad. Reconocerla es el primer paso. Erradicar esa inconsistencia y respetar nuestros postulados es el segundo.