En Puerto Rico, el debate sobre la privatización de las empresas y servicios gubernamentales se pierde entre debates ideológicos inmovilistas. La larga lista de la ineficiencia y corrupción gubernamental es incuestionable. Sin embrago, la lista de privatizaciones ineficientes, corruptas y poco productivas también es considerable.
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Definitivamente, Puerto Rico necesita mirar con seriedad el privatizar servicios y empresas públicas. La privatización no es ni puede tornarse en mala palabra para nuestro quehacer económico. Ahora, el debate sobre la privatización cobra mayor importancia en tiempos de crisis económica e institucional. Los pueblos que implementan procesos de privatización en tiempos de crisis económica y en donde sus instituciones gubernamentales sufren de patrones de corrupción y asfixia en la ejecución, corren el riesgo de atraer inversionistas de pobre calidad o especuladores, se dan procesos contractuales pobres, sin garantías suficientes, así como una pobre capacidad del Gobierno para supervisar la efectividad de los servicios privatizados. Precisamente lo que hemos estado viviendo en Puerto Rico recientemente con New Fortress, LUMA y Global Port Holdings.
Nos enfrentamos ahora a los mismos actores de la incompetencia, aprobando la privatización del corazón del desarrollo económico de Puerto Rico, la generación de energía, y entregando a través de este proceso llevado a cabo con muy poca transparencia y conocimiento de los pormenores de la transacción a una empresa que ha demostrado un patrón de conducta contrario a los intereses de Puerto Rico, New Fortress.
New Fortress tiene un historial nefasto en Puerto Rico. En primer lugar, fue un proceso plagado de irregularidades en la obtención del contrato para el suministro de gas natural y conversión de las Unidades 5 y 6 de la central de ciclo combinado de San Juan. Estas irregularidades incluyeron: (1) el recibo por parte de la AEE de una propuesta no solicitada por parte de New Fortress; (2) la firma de un Acuerdo de Confidencialidad con dicha corporación, otorgándole acceso a reuniones e información antes de que se publicara la Solicitud de Propuestas o RFP del proyecto, entre otros. Estas acciones eran suficientes para anular el proceso de contratación, pero nada sucedió.
Por otra parte, el contrato de 1.5 billones firmado con New Fortress el 5 de marzo de 2019 para dicho propósito fue aprobado por la AEE, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal, aún cuando se habían levantado preocupaciones genuinas sobre estructuras de pago y estimados de ahorros y costos esperados. De hecho, la promesa de dicha corporación de completar la conversión de la Unidades 5 y 6 de San Juan para finales del segundo trimestre del 2019 fue la alegada excusa que dio el ejecutivo para otorgar el contrato. Dicha promesa fue incumplida y el contrato no ha traído los ahorros proyectados y prometidos. De hecho, en el momento donde mas se necesitó que New Fortress cumpliera con sus obligaciones bajo el contrato de suministro de gas, esta incumplió con el mismo, poniendo a la AEE en una situación precaria ante la falta de suplido de gas natural que llevó al director de la AEE, el ingeniero Josué Colón, a levantar serias acusaciones contra New Fortress. Nada se ha hecho por parte del ejecutivo para atender estos serios incumplimientos.
Pero lo anterior no es lo peor. New Fortress, apoyado con la negligencia de la AEE y la APP, nunca obtuvo los permisos necesarios por parte de la Comisión Reguladora de Energía Federal, poniendo en riesgo real al puerto de San Juan, único puerto de entrada de suministros a la Isla. De hecho, tan reciente como el 14 de junio de 2022, mientras New Fortress era considerada para el contrato de generación por el Gobierno, la Corte de Distrito federal para el Distrito de Columbia confirmaba la determinación de la Comisión en contra de New Fortress, indicando que había llevado a cabo todo su proyecto bajo el contrato con la AEE en violación a la jurisdicción de la Comisión y sin cumplir con el procesos de permisos requeridos. Nuevamente, el ejecutivo mira hacia el otro lado ante la incompetencia de New Fortress, que podría terminar con la imposibilidad de utilizar la unidades 5 y 6 de San Juan por un tiempo significativo o permanentemente.
A tan solo 20 días de haber comenzado el 2023, el gobierno de Pedro Pierluisi le está entregando a New Fortress la privatización y dirección de la reconstrucción del corazón del desarrollo económico de Puerto Rico. El gobernador Pierluisi, Fermín Fontánez, Liza Ortiz, Eduardo Ferrer, Tatito Hernández y José Luis Dalmau tienen muchas preguntas que contestarle al pueblo ante esta secuela de los actores de la incompetencia.