Puerto Rico enfrenta, una vez más, un proceso de privatización mediante Alianza Público Privada.
Tristemente, una vez más, las preguntas llueven pero escasean las respuestas sobre los detalles de la transacción. Lo mismo ocurrió con el caso de lo que en la eventualidad se convirtió en el contrato de APP con LUMA Energy. Entonces, el proceso de selección comenzó y culminó a puertas cerradas. Cedimos la administración de un importante bien público y le confiamos millones en fondos públicos para administración a una compañía que nadie conocía sino hasta que la transacción estaba firmada.
Ese es el caso que se repite con la administración de la generación y, si no ocurren enmiendas a la ley 29, seguirá ocurriendo siempre que se considere el modelo de las APP para administrar bienes públicos. Y sucede porque desde su construcción la Ley 29 resguarda el proceso de selección detrás de un manto de secretividad. Por eso escuchara usted a los funcionarios públicos entrevistados ahora sobre la privatización de la generación y en el pasado con otros contratos de APP recurrir a la frase “estamos prohibidos en ley” para justificar el silencio. Y no mienten. Esa ley –insisto- fue construida para mantenerlo todo a puertas cerradas. Como aquel que juega a la gallinita ciega. Un secreteo que me parece preocupante aunque se diga que es el modelo que se utiliza en otros países. ¿Por qué debe mantenerse en secreto el proceso para negociar la administración de bienes públicos? Precisamente, ¿no son acaso esos bienes precisamente públicos? ¿Acaso no se trata del futuro de la administración de dinero del erario? Entonces, ¿Cómo debe mantenerse en secreto el detalle de esas hasta que los contratos estén a punto de caramelo? En un escenario de total oscuridad, ¿Cómo puede la opinión pública estar al tanto de estas transacciones o fiscalizarlas? Hoy resulta imposible.
Una vez contestadas estas preguntas, corresponde plantearnos si lo que trae consigo ese marco legal es lo que queremos o si, por lo contrario, los ciudadanos requerimos que los procesos de otorgación de contratos para administrar bienes y fondos públicos sean más abiertos y transparentes. Si la respuesta es el “sí” a eliminar el oscurantismo de esas transacciones que luego llegan con un efecto sorpresa y dejan poco espacio legal a la impugnación, entonces toca añadir una nueva pregunta: ¿Quién propone las enmiendas a la ley? Y, en según termino, ¿Esta el gobernador dispuesto a convertir enmiendas dirigidas a la transparencia en Ley?
Hasta ahora ningún esfuerzo para promover un proceso de otorgación de contratos más claro de cara al público ha logrado llegar a su meta. Y en sí mismo es muy elocuente. Resulta imperativo destacar que la búsqueda de transparencia en estos procesos no debe ser interpretada como el equivalente a un rechazo al modelo de APP sino un llamado a que el proceso de selección deje de ejecutarse a puertas oscuras. Después de todo, el país merece la mayor visibilidad posible sobre transacciones en las que se decide el futuro de sus propios bienes.
