En cumplimiento con mi función fiscalizadora, hace unos días radiqué la resolución 902 para investigar el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad pactado entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Genera PR.
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He señalado anteriormente que la privatización de la generación de electricidad es el paso final que da la administración actual en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones cruciales que el sector público ha desempeñado desde siempre. Se trata de la violación al derecho humano a la energía, fundamental en nuestra sociedad, que debe ser investigado.
Mediante nuestra resolución, nos proponemos investigar – entre otros asuntos – la posibilidad de más aumentos en la tarifa eléctrica, las potenciales consecuencias del contrato de privatización de la generación de electricidad, las similitudes entre dicho acuerdo con el contrato de privatización de las fases de transmisión y distribución de electricidad con LUMA Energy, si Genera PR fue creada con miras a participar del proceso de privatización, el proceso de licitación, y si la puesta en marcha de lo acordado es contraria a que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar la transformación de la producción de electricidad con fuentes energéticas renovables. Además, la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro, que advertimos serán trastocados tal y como ocurrió con los empleados tras el acuerdo de Luma.
Este acuerdo impone una carga económica a la AEE que podría traer como consecuencia más aumentos en la factura del servicio eléctrico, pero, sobre todo, se trata de una carga económica innecesaria toda vez que la agencia ha invertido recursos para estabilizar el sistema de producción (generación) de energía y ha aprobado un plan para atender las situaciones que enfrenta debido a la fragilidad de su infraestructura. Cuando un derecho fundamental como el derecho a la energía es violentando, es nuestra responsabilidad investigar, fiscalizar y alertar a la ciudadanía sobre las potenciales consecuencias que enfrentaremos. Cumpliremos cabalmente con dicha obligación.