El productor Sixto George no bien ha pisado la cárcel y su defensa ya ha anticipado que iniciará en mayo un proceso de apelación en el que el productor insistirá en su no culpabilidad por extorsión. El tiempo dirá cuál será el saldo de esa gestión. Pero mientras el caso se adjudica de manera final, me parece que la saga de Sixto nos deja con múltiples lecciones aprendidas y dudas despejadas. También múltiples asignaturas pendientes.
En primer lugar, la forma en la que allegados a las administraciones de turno recurren a la creación de corporaciones para intentar ‘muchas veces con éxito’ llevarse un buen pedazo del bizcocho del presupuesto de este país en crisis que recorta en servicios básicos y nómina mientras multiplica sus gastos en contratación.
En corte desfilaron los testimonios de las gerentes de las corporaciones Social Consulting LLC y Collective Impact LLC. Ambas organizaciones , según los testimonios, habrían sido creadas por pedido del productor. Sin embargo, en ninguno de los certificados de instrucción figuraba el hombre de la idea. A eso añada que pretendía cobrar ‘y eventualmente cobró’ sin que las gerentes pudieran identificar en corte que este realizara tareas que le permitieran reclamar compensación. Sin embargo, lo que parece más escandaloso es como estas corporaciones lograron inscribirse en marzo de 2019 con una promesa de contrato con el Gobierno -según los testimonios’ y a dos meses de su incorporación ya habían conseguido los contratos prometidos en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Sigue sin ser contestado por qué Raúl Maldonado figuraba como el intermediario de la contratación y la figura a la que se le llevaban las facturas para su aprobación, por no hablar de preguntarnos por qué Hacienda debía entrar en la contratación de una corporación para trabajar con comunidades especiales.
El caso de estas corporaciones y su nacimiento nos recuerda las múltiples ocasiones en las que en el pasado se ha denunciado ante los oídos sordos de los partidos principales la costumbre de crear corporaciones a la carta para beneficiar a quienes han apoyado a la administración de turno a llegar al poder. Nótese que como parte de los argumentos de la defensa, Sixto George se describió no sólo como un amigo sino como colaborador de la campaña que llevó a Ricardo Rosselló al poder. De seguro, si se evalúan periodos previos o posteriores a esa administración, se encontrarán corporaciones a la carta creadas por aliados de campaña sin que ello haya tenido consecuencia alguna.
Pero el caso también pone el dedo sobre la llaga del billete que se maneja tras bastidores para intentar manejar la opinión pública. En el caso se habló sobre un esquema que consistía en la alegada contratación de influencers y figuras públicas para que, a cambio de algunos miles, hablaran a favor o en contra de personas o asuntos de alto interés público. Las sumas que se manejaban en los testimonios arrancaban en los pocos miles y alcanzaban los $50 mil. De hecho, la ex candidata a la gobernación por -victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro antes del caso y los testimonios allí vertidos habría denunciado que el productor le ofreció dinero para los mismos fines.
La mera posibilidad de que esa práctica ocurra nos debe alertar a todos. A quienes trabajamos dentro de los medios y al público que en muchas ocasiones consume contenidos producidos en diversos espacios y adjudica a todos el mismo nivel de relevancia y credibilidad.
Muestra de ello han sido los múltiples comentarios que he leído en redes sociales en los que se afirma que “periodistas” o miembros de “la prensa” fueron señalados en el caso por haber puesto sus conciencias a la venta. Esos comentarios, parten de una preocupación genuina sobre el uso de medios de comunicación para intentar impactar la opinión no desde el análisis propio y la búsqueda honesta de datos, sino desde el billetazo que compra conciencias. Sin embargo, erran a partir de un par de premisas equivocadas.
La primera, que en el caso se mencionaron periodistas o miembros de la prensa. No. Las figuras enumeradas tienen acceso a medios de comunicación y en muchos casos tienen el poder de convocatoria que les permite mover la opinión pública. Pero no son periodistas. Los mencionados son “comunicadores”, influencers”, animadores, comediantes o chismosos. Lo que hacen entretiene y en ocasiones informa pero ninguno hace periodismo. Por tanto, no hay periodistas o miembros de la prensa involucrados en el esquema denunciado en la corte. Algunos, como es el caso de Angelique “La Burbu” han reaccionado de inmediato para desmentir cualquier participación en ese esquema de compra de conciencias a cambios de endosos políticos.
Segundo -e indudablemente vinculado al primer punto- resulta imprescindible que el público comprenda que no todo aquel que tiene el privilegio de dirigirse al país desde alguna de las plataformas de comunicación masiva es, por definición, periodista o ejerce el periodismo. Si bien es responsabilidad de los periodistas ejercer la profesión desde la honestidad intelectual y la conciencia de la necesidad de proveer información pertinente y veraz, es de igual manera responsabilidad del público discernir y hacer buen uso de su derecho a escoger para informarse de manera adecuada. Mucho ojo.
