Recientemente trascendió públicamente la propuesta de cambios contributivos impulsada por el Gobierno. De entrada, desde nuestro espacio legislativo, evaluaremos la misma amplia y responsablemente. No obstante, siempre que se plantean cambios contributivos, hay que tener en consideración varios aspectos fundamentales.
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En primer lugar, en el PIP siempre hemos favorecido cualquier rebaja en las tasas contributivas que se traduzca en un alivio a la clase media y trabajadora.
En segundo lugar, como parte de ese análisis, es importante determinar si las reducciones propuestas a las tasas contributivas serán proporcionalmente más beneficiosas para los sectores de ingresos medios y medios-bajos que para los sectores poblacionales de altos ingresos. Es fundamental analizar si tales beneficios se dirigen más a quienes más pagan hoy en día o si las personas de altos ingresos resultarán más beneficiadas.
En el caso de las corporaciones y negocios en general, analizaremos si las grandes corporaciones exentas seguirán todavía en una posición muy superior a las corporaciones puertorriqueñas y a los pequeños y medianos negocios. La propuesta contributiva no menciona nada sobre el tema fundamental de los incentivos contributivos que reciben las corporaciones exentas mediante los decretos de exención, créditos y deducciones que drenan los recursos fiscales del país, según lo ha reconocido el propio Departamento de Hacienda, y que representan un “costo contributivo” anual de sobre $20,000 millones en cada uno de los pasados años fiscales. La justicia contributiva tiene que tomar en cuenta este factor crucial para nuestras finanzas públicas.
Sobre los cambios propuestos al IVU, llama la atención el hecho de que no se asoma, ni de lejos, una reducción en la tasa de 11.5 %, que es una de las tasas más altas de este hemisferio y que más impacta a la ciudadanía. Tampoco se atiende la situación de “los intocables” de la Ley 22 que están acaparando el país y estimulando el desplazamiento de las comunidades, entre otros males.
Finalmente, no podemos obviar – como siempre hemos insistido – la realidad colonial de Puerto Rico y la existencia de la Junta de Control Fiscal, que tendrá, como ya ha ocurrido en otros asuntos, la última palabra.