No es secreto que las instituciones locales enfrentan -como nunca- la mirada de desconfianza de la ciudadanía que mide cada paso con recelo. Esa mirada incluye al Gobierno que le sirve, a los oficiales que les representan, a un sector de la prensa que les informa y de los analistas que pasan juicio sobre todo lo anterior. La mirada está acompañada por la expectativa de más. En ese contexto, es indudable que la clase política enfrenta una crisis autoinfligida. Basta con mirar la lista interminable de oficiales electos que han sido procesados por corrupción y, a eso, añadir que los ciudadanos han tenido que pagar las consecuencias de un endeudamiento que ha tenido su raíz en las actuaciones de la clase política.
Todo eso al tiempo que intentan remar en medio de un mar revuelto lleno de aumentos, la ineficiencia de las instituciones gubernamentales y una larga fila de recortes. La fórmula perfecta para que los llamados partidos tradicionales hayan iniciado hace años una ruta dirigida a la reducción de su base electoral. No es casualidad que el llamado voto íntegro ha ido perdiendo terreno al tiempo que el voto por candidaturas, los aspirantes independientes y las nuevas propuestas electorales han ido ganando espacio en una relación directamente proporcional al desinfle de sus predecesores. Por todo lo anterior sería lógico pensar que, al saberse observados, los oficiales electos medirían sus pasos y las consecuencias de sus acciones en ánimos de frenar ese desánimo que parece contagioso.
Pero el pasado viernes muchos de los que acudieron a la vista de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes parecen haber olvidado que el país observa y actuaron como aquel que se siente en un evento privado. Con la puerta cerrada. Sin embargo, la puerta estaba abierta de par en par por vía de las transmisiones en vivo a través de las redes sociales en donde los ciudadanos se convirtieron en juez y parte. Para el veredicto, basta con leer el grueso de los comentarios. Con es garata nadie ganó.En el salón de audiencias ocurría de todo.
En el centro del caos, la comisionada residente Jenniffer González -citada por la comisión- y el presidente de ese organismo, Héctor Ferrer. A pocos minutos del saludo, ardió Troya. Imperaron el careo y la tensión. Hasta por lo más sencillo. Un choque tan anticipado como calculado que evitó la obtención de respuestas o la proposición de soluciones sobre ese problema añejo de la persecución política en el Gobierno. La mañana siguió su curso con la confrontación como telón de fondo. Un grito por aquí y otro allá. Una batalla por el procedimiento parlamentario que empandaba el progreso de la vista. Recesos e interrupciones. Reclamos de faltas de respeto. El desfile de nombres de personas vinculadas al liderato del PNP provocaba reclamos de persecución política. Objeciones y ausencias. Mientras, la división en el liderato popular al desnudo.
Esa misma división que resulta obvia que pero que la Pava se niega a admitir. Héctor Ferrer, solo. Tatito Hernández, acompañado de la mayoría de la delegación en isla de Mona. Y en sus hogares el gran público lanzaba su veredicto. Basta con repasar el grueso de los comentarios de quienes seguían la tortuosa vista de cuatro horas en las que funcionarios pagados con fondos públicos dejaban como resultado una discusión estéril con cero beneficio al país que paga sus salarios.
En primera fila, los estudiantes pertenecientes a los internados legislativos observaban entre asustados e incrédulos. Más tarde con risas nerviosas. Como aquel que no da cuenta a lo que ve. ¿Ayuda esa estampa a la misión de frenar la fuga de sus bases electorales? ¿Ese ejercicio de fuerza les añade votantes ajenos a su base electoral? Aunque los participantes del encuentro se acusaban mutuamente de haber sido víctimas de faltas de respeto, el indudable agraviado fue el país que espera más de quienes le representan. Sin duda mucho más que una garata inconsecuente adornada por el mármol capitalino.
