El gobierno compartido en Puerto Rico sencillamente no sirve. Es la segunda vez que experimentamos este fenómeno y se hace evidente que no hay la madurez política para poner al país primero. El gobierno compartido tiene como prioridad la agenda política partidista y las consecuencias adversas en la ciudadanía son un daño colateral aceptable para los partidos.
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La reforma laboral es el más reciente ejemplo de cómo a la clase política le importa más como obtener votos que la incertidumbre que crean en el sector productivo. ¿Importan los mensajes que envían a inversionistas de cómo se siguen cambiando la reglas del juego constantemente? Todos ellos saben cómo sus acciones nos pegan tiros en los pies, pero eso no importa, son las elecciones lo que importa.
En el 2017, el exgobernador Ricardo Rosselló firmó una nueva reforma laboral. Lo que se presentó no fue lo que culminó. Así son los proyectos legislativos en el transcurso de ser convertidos en leyes. Eso es una cosa, pero otra es hacer tantos cambios, para intentar quedar bien con todo el mundo, que terminaron creando un Frankenstein. Nadie quedó satisfecho con lo aprobado.
Al llegar el gobierno compartido, la delegación del PPD en la Cámara de Representantes radicó legislación para cambiar las reglas de juego otra vez, argumentando que buscaban devolverle derechos a los trabajadores. El gobernador Pedro Pierlusi ha expresado en el pasado tener reservas con estar traqueteando leyes que cambien reglas de juego de esa forma por el efecto adverso que eso tiene en el desarrollo económico de la isla, ya que eso tiene el efecto de desalentar la inversión. No obstante, Pierluisi también es político y busca ser reelecto. Así que accede a la presión de sacrificar la poca estabilidad que hay y pone su reelección por encima.
La jueza Laura Taylor Swain invalidó la reforma laboral del 2022 el viernes pasado argumentando que el gobierno no evidenció el impacto fiscal que dicha reforma tendría en el sector privado y los ingresos del gobierno, validando la posición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se oponía al proyecto por las mismas razones.
Esta no es la primera vez que la jueza invalida una ley del gobierno local. En el 2021, invalidó la llamada “Ley de Retiro Digno” porque tampoco tenía evidencia del impacto fiscal. La JSF había advertido que esa ley había violado varias disposiciones de la ley PROMESA.
“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar. Pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete”, dijo en aquel entonces el presidente de la JSF, David Skeel.
¿Les suena eso? ¿Que el gobierno pone en riesgo las finanzas aprobando leyes sin identificar o identificar apropiadamente de dónde van a salir los fondos? Señores, ¿no es precisamente por eso, por los políticos estar aprobando leyes sin chavos, que llegamos a la quiebra?
Eso de legislar irresponsablemente para ganar votos es lo que nuestra clase política sigue haciendo. En ese sentido, lamento decir que nuestros políticos siguen dándome la razón en muchos aspectos de la administración pública.
Creo que a la JSF le queda bastante trabajo en Puerto Rico. El legislar irresponsablemente está en el DNA de muchos políticos, y el día que se vaya la JSF, será cuestión de poco tiempo cuando volvamos a caer en desgracia.
En el juego de ser el más populista, ahora el PPD en la Cámara radicó el mismo proyecto de reforma laboral. ¿Sabe lo que hace eso? Extender la incertidumbre, seguir matando y aniquilando la certeza y alimentando las dudas de los que quieren invertir.