Opinión

No al Reglamento Conjunto

Lee aquí la columna del representante del Partido Independentista Puertorriqueño.

Denis Márquez | Columnista

Se ha estado discutiendo públicamente el borrador del Reglamento Conjunto para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de 2022 de la Junta de Planificación (JP). Dicho documento atenta contra una real planificación urbana y social por lo que tomé acción legislativa mediante la radicación de la resolución conjunta 451 para ordenar a la agencia a que retire el mismo y proponga una nueva versión que cumpla con los requisitos de Ley, la participación ciudadana y la defensa del patrimonio ambiental.

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Un nutrido grupo de organizaciones competentes en el tema ha concluido que el reglamento propuesto por la JP atenta contra una verdadera planificación urbana y social, pone en riesgo a las reservas naturales, los terrenos agrícolas y la sana convivencia en zonas residenciales. Como si fuera poco – y como ya hemos sido testigos en el pasado con otras agencias del Gobierno – el proceso violentó el ordenamiento jurídico vigente al realizarse sin una real y amplia participación ciudadana.

La Junta de Planificación, al intentar aprobar este reglamento, atenta contra terrenos de alto valor ecológico –protegidos por la entidad Para La Naturaleza – incumplen con su propia ley orgánica, la ley 33 sobre el cambio climático, y un conjunto de leyes de protección de terrenos y reservas naturales.

A ello podemos añadir que el referido borrador del reglamento claramente contraviene la política pública respecto al cambio climático e incluso va en contra de la propia política pública aprobada por la asamblea legislativa. La propuesta, al final de cuentas, representa la antítesis de lo que debe ser un desarrollo autosustentable.

Este es otro ejemplo de una visión errada de lo que debe ser el ejercicio de la planificación urbana con la ausencia de respeto y consideración a las comunidades residenciales permitiendo diversas actividades comerciales afectando su entorno comunitario.

La Legislatura tiene la obligación de defender nuestros recursos naturales, el medio ambiente y proteger las comunidades deteniendo este ilegal, terrible e insensato reglamento.

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