El pasado viernes, la jueza Taylor Swain declaró nula la Ley 41-2022 que enmendó la nefasta reforma laboral aprobada por el PNP en el 2017. Dicha ley, de la autoría del compañero Domingo Torres y el compromiso de la delegación del PPD, devolvía a los trabajadores del sector privado muchos de los beneficios que les habían sido despojados a nuestra clase trabajadora con el propósito de defenderlos y mejorar sus condiciones de trabajo.
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Las razones de la jueza Swain fueron firmes y claras; el Gobierno de Puerto Rico no la defendió. El gobierno de Pierluisi y el PNP no presentó el análisis necesario que demostrara con datos el impacto fiscal que conllevaba la implantación de esta ley, a pesar de varias solicitudes de la jueza Swain. Esto dio paso a su anulación. El gobierno de Pierluisi y el PNP fue increíblemente insensible, argumentando que el impacto fiscal requerido para la evaluación de esta ley era imposible de presentar y le sugirió a la jueza y a la Junta de Supervisión Fiscal que la mantuviera en vigor para “esperar a ver” cuál sería su impacto fiscal real. Un año de trabajo analizando este proyecto de ley en la legislatura para buscar un consenso entre todos los sectores del país, y el gobernador Pierluisi simple y llanamente lo echa por la borda en la corte de quiebras. Para colmo, se ha reseñado que los empleados que hayan recibido beneficios bajo el amparo de esta ley, tendrían que devolver los beneficios recibidos. Simplemente inaceptable. Pero el gobierno de Pierluisi y el PNP también ha sido insensible y hasta mendaz con los empleados públicos.
Hace una semana comenzaron a llegar cartas con detalles sobre el impacto del Plan de clasificación y retribución en las agencias gubernamentales. A pesar de que el gobierno anunció con bombos y platillos el supuesto aumento salarial a los empleados, la realidad es que luego salió a relucir que solo unos 11,000 verían algún tipo de ajuste en su paga. Otra mentira. Peor aún, en los casos en los que se refleja algún aumento, no se toman en cuenta los años de experiencia de los empleados, por lo que resulta injusto para una gran cantidad de empleados públicos.
Estos dos ejemplos muestran acciones poco respetuosas hacia la clase trabajadora, en la esfera privada y en el gobierno. Lo vamos a combatir, señor gobernador.