Cada vez más escuchamos datos sobre el envejecimiento de nuestra población. Esa realidad nos impone grandes retos para atender a nuestros viejos como merecen. La amenaza de reducción o eliminación de pensiones, familias cada vez más pequeñas, el éxodo de familiares y profesionales de la salud, la crisis económica, la crisis fiscal del gobierno, la inflación en productos de primera necesidad y medicamentos, entre otros factores, complican esa tarea. Esta variedad de factores les dificulta en gran manera el acceso a los servicios esenciales que necesitan.
La necesidad apremiante de políticas públicas para esta población se confirma con el reciente anuncio de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reveló que Puerto Rico ocupa el séptimo lugar en población de 65 años o más. Sin embargo, cada día es más evidente que el gobierno no actúa efectivamente en favor de esta población.
Nuestra obligación como gobierno no es solo cubrir sus necesidades básicas, sino crear oportunidades para que sigan siendo productivos y brindarles una mejor calidad de vida. Atender a nuestros adultos mayores como un asunto esencial debe ser una prioridad mayor del estado. Para lograrlo, se requiere de mucha voluntad política, un plan bien estructurado y un reenfoque del gobierno para atemperarnos a nuestra realidad demográfica con mucha sensibilidad.
La política pública gubernamental tiene que ser una de integración social de la población, donde se reconozca que los problemas que enfrentan ellos nos afectan a todos, nos importan a todos y nos deben ocupar a todos. Lo que hoy hagamos por esta población será lo que nos impacte en un futuro cuando lleguemos a la adultez mayor. Es fundamental que el estado reenfoque sus recursos en miras a proveer servicios básicos ágiles, eficientes y accesibles a ellos. Esa tiene que ser la agenda para los próximos años.
