La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que sostiene la sentencia del Tribunal Apelativo que declaró nulo el Reglamento Conjunto 2020 para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, constituye un logro importante para los mejores intereses del país. Sin embargo, lo menos que podemos hacer en este momento es bajar la guardia. Y es que, a pesar de la decisión del Supremo, la administración Pierluisi y los jefes de las agencias concernidas – Junta de Planificación y la OGPE – continúan, o bien endosando proyectos que violan el ordenamiento establecido por un sinnúmero de leyes, o haciéndose de la vista larga ante acciones claramente ilegales que constituyen crímenes ambientales.
PUBLICIDAD
Tan temprano como a principios de la década de 1940, Puerto Rico fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en tener una Junta Nacional de Planificación y Zonificación. Desde entonces, y muy a pesar de las decisiones absurdas y sin sentido aprobando proyectos que afectan el uso de los terrenos y la planificación del espacio físico, el país ha contado con voces expertas que han alertado sobre el desenlace negativo e irreversible de muchas de esas decisiones.
Desgraciadamente, la práctica de TODAS las administraciones del bipartidismo popular y PNP no se ha dirigido hacia la puesta en marcha de un proceso de desarrollo sustentable. Por el contrario, esos partidos han puesto en bandeja de plata los recursos naturales del país en manos de aquellos que se han enriquecido y se enriquecen mediante su explotación irracional, sin importar las consecuencias para las futuras generaciones.
Lo terrible de este asunto es que, mientras cientos de miles de seres vivos y de árboles que forman parte de nuestra admirable biodiversidad sucumben ante el paso de un “progreso” mal concebido, el bipartidismo que ha administrado y que administra el país no ha escuchado – ni escucha – a la comunidad científica, que hace décadas ha advertido que andamos por el rumbo equivocado en el manejo de nuestros recursos naturales y nuestro vulnerable medioambiente.
Esos que entregan nuestro patrimonio natural no merecen el respeto de nuestro pueblo. Tenemos que detener sus intenciones mediante acciones civiles y legislativas concertadas y a través del voto para construir la Patria Nueva.