En Puerto Rico nos encontramos ante una administración gubernamental que en los asuntos más neurálgicos y estructurales se encuentra en sindicatura federal, tanto por el Congreso como por Casa Blanca. Desde el Congreso, por medio de la Junta, controlan todo el presupuesto y la legislación con cualquier tipo de impacto económico. Desde Casa Blanca, a través del Departamento del Tesoro y del Departamento de Energía, mantienen en sindicatura la reconstrucción de Puerto Rico. Bajo la imposición de esta sindicatura, se han forzado los contratos de privatización en donde el gobierno local, servilmente, les ha entregado a empresas de dudosa capacidad y reputación los activos más importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico sin que el Ejecutivo tenga la capacidad o la intención de supervisar efectivamente los mismos.
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A nivel local, ni el desempleo más bajo en la historia desde que se llevan estos números puede negar la realidad de que los patronos no encuentran mano de obra diestra y capaz de enfrentar las necesidades de nuestra economía. Los fondos de reconstrucción obligados en manos de COR3 y Vivienda van a pasos de hormiga, pero son anunciados como el gran logro de esta administración. Alardean del mayor presupuesto en la historia de Puerto Rico, pero no explican cómo van a mantener los aumentos salariales a los empleados públicos cuando se acabe el impacto en el recaudo de las ayudas federales.
Y es que el gran ausente y silencioso invitado al discurso del Gobernador es el crecimiento económico. Hay una realidad innegable, que no puede esconderse debajo de la alfombra: los profundos problemas de la economía de Puerto Rico continúan sin atenderse. No existe hoy un plan para atraer nueva manufactura y desarrollar la capacidad de exportar bienes y servicios desde Puerto Rico, a pesar del movimiento de Estados Unidos a repatriar la producción que está en el extranjero. No existe un plan para resolver nuestra desventaja competitiva en materia de impuestos a nivel federal. No existe un plan para atender la crisis de salud que experimenta un sector hospitalario débil, la migración de doctores y el control abusivo de las compañías de seguro sobre el sistema de servicios de salud.
El único plan que presenta el Gobernador es hacer de nuestras familias y comunidades, así como la empresa privada, más dependiente del gobierno y sus estructuras. En cada oportunidad que se le brinda a esta administración, en vez de reducir el rol del gobierno, lo expande, dándole las mayores ventajas y ganancias de los fondos existentes a las empresas consultoras y de administración de la burocracia, dejando atrás al sector privado como actores del verdadero crecimiento económico.
Por último, y no menos importante, el silencio del Gobernador sobre la reestructuración de la quiebra de la AEE y el plan de retiro de sus empleados preocupa grandemente. Puerto Rico no puede pagar 50 centavos por dólar en la deuda de la AEE. A su vez, su reestructuración tiene que resolver, y pronto, la situación de incertidumbre e indefensión de los retirados de la AEE. La decisión más reciente de la jueza Swain nos da la oportunidad de poder presionar para que no nos pase con esta deuda lo mismo que con la de bonos generales y COFINA.
Las cosas se hacen enfocadas en una dirección, con un plan medible y ejecutable. Esta administración no tiene dirección ni tiene plan, y, lo que hace, lo hace dando palos a ciegas e improvisando. Mientras tanto, el mundo arde y las fuerzas políticas internacionales se realinean ante nuestros ojos. Es tiempo de cambio, la paciencia se agota.