Recientemente, la Unidad de Delitos y Maltrato de Menores de la Policía de Puerto Rico informó la terrible estadística de maltrato sexual a la niñez puertorriqueña. Informaron que en el 2022 se registraron 934 casos de menores abusados, 167 más que en el 2021 y un 80 % de ellos en contra de niñas.
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Este espantoso y terrorífico informe pone de manifiesto una vez más la crisis que existe a raíz de la violencia contra la niñez. Retrata los múltiples problemas sociales, la violencia generalizada en el país y la crisis gubernamental en las agencias responsables de proteger nuestra niñez. Claramente, toda esta situación está vinculada a la irresponsabilidad histórica del Departamento de la Familia de tener miles de referidos de maltrato sin atender y empleados en condiciones laborales y salarios indignos.
Además, el hecho de que la inmensa mayoría de los casos de abusos sexuales sean en contra de niñas amerita que el gobierno entienda de una vez que es necesaria la perspectiva de género en sus políticas públicas. Es evidente que la violencia en contra las niñas es otra manifestación de la violencia de género, en múltiples ocasiones en el entorno familiar.
Si bien nuestra sociedad tiene múltiples problemas que atender, esta crisis de violencia contra la niñez no solo es prioritaria y apremiante, es un deber social el cuidar, proteger y contribuir a sanar las múltiples heridas que provocan en las niñas y niños tan infames y asquerosos actos que atentan contra su seguridad física y su estado emocional.
En Puerto Rico existen múltiples voces que reclaman solidaridad, pero sobre todo acción, desde los colegios y organizaciones profesionales, organizaciones comunitarias, entidades dedicadas y organizadas para defender la niñez boricua, desde los centros que atienden a las víctimas, están cansadas de escuchar de parte del gobierno que no hay fondos, sin empleados suficientes, que es un reto atender el problema. No hay tiempo para más excusas, por ello, seguiremos insistiendo en que se apruebe nuestro proyecto de ley 1333, para declarar un estado de emergencia por violencia infantil y encaminar soluciones.
Nuestras niñas y niños tienen el derecho a vivir en paz, a disfrutar con alegría su crecimiento, a ser protegidos física y emocionalmente, es nuestro deber y es nuestra total responsabilidad.