Bajo la actual legislatura y su presente configuración, Vilmarie Rivera Sierra, jamás habría sido confirmada al cargo de procuradora de las mujeres. Un hecho que también deja clara una cosa: cualquier mujer apta para el cargo y cuyo perfil sea el adecuado según las disposiciones de ley podría correr la misma suerte. Así de sencillo.
Llegar a esa conclusión no es tarea complicada. Usted solo tiene que hacer dos cosas que le despejarán de dudas. La primera es leer la Ley 20 de 2001 que crea la oficina y el cargo de la procuradora, repasar los requisitos del estatuto y la política pública que la ley obliga, para luego contrastarla con la oposición legislativa a la pasada designada. La segunda, evaluar el perfil de quienes han ocupado el cargo tras la salida de la fenecida María Dolores Fernós.
Vamos a lo primero. De una lectura de la Ley 20 usted llegará indudablemente a la primera conclusión: Los gobiernos han violado la ley consistente y abiertamente. Y lo han hecho ignorando los requisitos que impone así como las características fundamentales de quienes deben sentarse en esa silla. Según el texto de la Ley, se crea una política pública que debe ser fiscalizada por la procuraduría. Esa política pública busca proteger e impulsar “igualdad social, equidad por género, respeto por la pluralidad, las diferencias y la diversidad”. Además, deja claro que la “Procuraduría tendrá como prioridad el logro de acciones afirmativas de organizaciones públicas y privadas para garantizar la equidad de género en aquellas áreas en que persiste la opresión, discriminación y marginación, como es la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, la menor paga por trabajo igual o comparable (…)”. De igual manera, la Ley entra a definir la equidad por género como “el trato justo que se le debe dar a las mujeres de acuerdo a sus circunstancias particulares de forma que se atiendan sus necesidades y reclamos especiales”.
Por otra parte, el texto define cuál debe ser el perfil de cualquier mujer que sea designada al cargo. “Deberá ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género.”
A pesar del claro texto de la Ley, Vilmarie Rivera Sierra estaba destinada a ser colgada y enfrentó oposición de legisladores y legisladoras populares y novoprogresistas porque su perfil y plan de trabajo iban dirigidos a defender el texto de la ley. Parece absurdo, pero -en resumidas cuentas- los legisladores que rechazaron respaldar a Rivera Sierra en esencia pretendían que se comprometiera a una abierta violación a la Ley orgánica. Funcionarios públicos exhortando a la violación de las leyes, ni más ni menos.
Lo anterior nos lleva al segundo punto. Mi convencimiento no solo de que cualquier mujer que cumpla con los requisitos en la ley no será confirmada sino que, se admita o no, existe la intención de desmantelar la oficina o adaptar para aguar su propósito. No le extrañe que pronto se presenten medidas a esos efectos. Como presagio, analice el perfil de quienes han ocupado el cargo desde la salida de María Dolores Fernós. En el grueso, han sido mujeres con posturas tímidas a la hora de defender los estatutos de la ley y de fiscalizar al Gobierno. En su lugar, se han convertido en una extensión del Ejecutivo y se han visto a sí mismas como parte de las administraciones de turno. Tampoco han contado con el requisito de un expediente de “defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género” como reclama la Ley.
Como muestra adicional de las violaciones constantes a la Ley que se han dado desde el propio Gobierno, es preciso recordar que a estas alturas no se ha designado el Consejo Consultivo de la Procuraduría que debe estar integrado por 7 mujeres con perfiles definidos. Pude verificar que desde agosto de 2022 el Gobierno ha recibido una lista de sugerencias para este consejo firmada por al menos 5 organizaciones de mujeres. Pero a estas alturas, del Consejo no hay ni rastro. No hay mucho más que buscar. Sobre la defensa de los derechos de las mujeres una cosa es lo que se dice y una muy distinta lo que se hace.
