Desde hace varias décadas, el tema de una reforma contributiva abarcadora ha estado presente en la discusión pública en nuestro país. En el PIP, a través de nuestro trabajo legislativo y de nuestros programas de gobierno para las elecciones generales, siempre hemos planteado que la discusión de cambios o reformas al sistema contributivo tiene que ser integral, es decir, mirando a todos los contribuyentes, sean estos individuos, corporaciones, sociedades o negocios familiares, cooperativos o comunitarios.
Existe consenso entre los estudiosos de la situación socioeconómica de Puerto Rico en lo que concierne al nivel de empobrecimiento de grandes sectores de nuestro país. Es un hecho incuestionable que la aprobación de un impuesto al consumo –el IVU— debido a su regresividad y a la altísima tasa del 11.5 % (una de las más elevadas entre los países similares al nuestro) ha impactado particularmente el bolsillo de nuestra población pobre y también el de la clase media asalariada y trabajadora. Además, no se ha logrado articular un andamiaje impositivo que represente un verdadero avance en términos de justicia distributiva.
Un ejemplo claro de lo anterior es lo que tiene que ver con la Ley 22 (ahora parte de la Ley 60), estatuto que beneficia a una nueva clase de privilegiados y que, realmente, no aporta sustancialmente a nuestra economía. Hasta el Secretario de Hacienda ha sugerido mecanismos eficaces para fiscalizar a sus beneficiarios. Esto contrasta dramáticamente con el “tratamiento contributivo” que reciben nuestros empresarios y comerciantes locales, la mayoría de ellos puertorriqueños, que llevan sobre sus espaldas un gran peso contributivo, totalmente desproporcionado cuando se compara con el trato que reciben las empresas foráneas que se benefician de decretos y exenciones, y con los inversionistas acogidos a leyes como la 22.
Durante las pasadas semanas junto a mi equipo de trabajo hemos analizado las medidas legislativas sobre temas contributivos que se han radicado en la Cámara de Representantes en el presente cuatrienio. De nuestro análisis de tales propuestas no podemos concluir que se atienda el desequilibrio descrito en los párrafos anteriores. Urge una transformación radical, que realmente beneficie a nuestro pueblo.
