En el año 2021, según la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, se reportaron 1,031 agresiones sexuales. Este número es alarmante, pero aún más perverso es el hecho de que el 74 % de las víctimas de agresiones sexuales fueron menores de 18 años. De este grupo, las más afectadas fueron las niñas entre los 11 y 15 años.
Según el Informe de Violencia Sexual en Puerto Rico, Año 2022, preparado por el Instituto de Prevención y Control de la Violencia, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud, en el año 2022, el número aumentó a 1,205 agresiones sexuales, de las cuales 743 fueron víctimas las niñas menores de 18 años. De estas 743 niñas, 384, es decir, más de la mitad, tenían entre 11 a 15 años.
En todos los casos, la mayoría de los ofensores sexuales son familiares (51.9 %). Por tanto, y muy a nuestro pesar, existe una crisis de agresiones sexuales en Puerto Rico, donde la mayoría de las agresiones son perpetuadas por familiares de las víctimas y la gran mayoría de estas víctimas son niñas de hasta 17 años. Según la Oficina de Estadísticas de Puerto Rico, para el año 2021, el abuso sexual a menores se dio en mayor proporción contra las niñas (81.6%) que los niños (18.4%)
Los datos reflejan que cada año aumenta la violencia sexual contra las niñas y mujeres, por tanto, es una modalidad de violencia de género que no se ha atendido. Esta es la crisis que la legislatura debe atender con urgencia, en vez de presentar medidas para restringirle a las menores el acceso a las terminaciones de embarazos no deseados. La insensibilidad con la que el Partido Proyecto Dignidad aborda estos temas nada aporta a resolver la crisis. Además, que el acceso a la salud en Puerto Rico está muy limitado, por lo que no debería permitirse restringir aún más el acceso a un servicio de salud esencial como lo es el aborto. #NoAlPS495
