Actualmente son cientos las escuelas que permanecen en condiciones deplorables en materia de infraestructura. Todo esto con un presupuesto asignado de 2.6 billones para la reparación de las mismas.
A pesar de contar con más de 2 millones para las 852 escuelas del sistema, es un consenso generalizado que la situación sigue igual o peor en algunas escuelas a más de 3 años de los temblores y 6 años del huracán María. Todavía no vemos la hora en que se comience a ver en nuestras comunidades escolares toda esa hemorragia de fondos federales que se anunciaron con bombos y platillos.
Por otro lado, la lentitud consabida en el proceso de reparación de escuelas contrasta con la velocidad en que se otorgan contratos para establecer nuevas escuelas chárter y la privatización bajo este modelo de negocio. En días recientes, se han estado anunciando la apertura de nuevas escuelas chárter en el Municipio de Trujillo Alto, utilizando planteles que nunca debieron cerrarse para estos fines, así como el anuncio de Vimenti, una entidad que se financia con fondos de capital de riesgo, para lanzarse a la aventura de apropiarse del presupuesto de nuestras escuelas en más planteles, a costa del desmantelamiento de la educación pública. Y es que no podemos perder de perspectiva, que además de las restricciones impuestas por una sindicatura federal a la agencia después de tantos escándalos de corrupción, al igual que en otras dependencias del gobierno, la burocracia y la incompetencia administrativa son parte de la agenda para justificar la privatización de escuelas y la apropiación de estos fondos.
No otorgan los recursos que nuestras escuelas necesitan y dejan que todo colapse para así meternos por ojo boca y nariz la salida neoliberal de buscar “nuevos modelos exitosos” en las escuelas chárter y/o alianza. Es por esto que no nos debe sorprender las visitas de funcionarios de la Junta dictatorial a escuelas chárter, ni dejar a un lado que el actual estado de abandono de las escuelas es parte inherente de esta estrategia concertada que como pueblo tenemos que combatir y repudiar. La agenda de la Junta, así como la administración Pierluisi es imponer el modelo fracasado de Luma Energy en nuestras escuelas, aun a sabiendas que esta no es la panacea para resolver los grandes retos que tenemos en materia de educación. A este gente no le importa otro razonamiento que no sea el hartarse de billetes con los bienes públicos, aunque el país se vaya barranca abajo como actualmente estamos, con la crisis energética y los altos costos en la luz, derivados del proceso de privatización.
Es por esto, que resulta imprescindible seguir educando a nuestras comunidades sobre la necesidad de fortalecer nuestra educación pública, que se asignen los fondos que nuestras escuelas necesitan y luchar por una verdadera reforma educativa que responda a los verdaderos intereses de nuestros estudiantes, maestras, padres y demás componentes de la comunidad escolar, defendiendo el principal proyecto cultural y educativo del país, desde lo público.
Recientemente se discutieron los resultados del College Board en el país y a pesar de que en las mismas se reflejó el rezago académico, resultado de los temblores del 2020, el confinamiento durante la pandemia del Covid-19 y los apagones que limitaron seriamente el tiempo lectivo de nuestros estudiantes, un dato curioso es que el mayor rezago provino de las escuelas privadas. Ciertamente fue un fenómeno global, pero aun así, no he escuchado a ningún funcionario de gobierno llamando a nacionalizar escuelas. No obstante, vemos a funcionarios de la Junta, que lejos de ver las cosas maravillosas que pasan en nuestras escuelas públicas a pesar de los limitados recursos, sacan sus garras para profundizar el robo de presupuesto mediante este modelo altamente cuestionado.
Partiendo de la experiencia reciente de LUMA Energy, a pesar del desastre evidenciado por todos, la misma se impuso con la anuencia de la Junta y el gobernador importándole muy poco el sufrimiento de la gente y el país. Si algo debemos aprender de este ejemplo que permanece en la memoria colectiva, es que lamentablemente a esta gente solo se le abren los oídos cuando ven la fuerza de los trabajadores en la calle y cuando la cosa se pone brava. A la buena no escuchan. El futuro de la educación pública y el freno a la privatización vendrá de un proceso de lucha álgido, donde las comunidades escolares y demás sectores en conjunto, enviemos un mensaje contundente, sin paños tibios, de que nuestras escuelas no están a la venta. Pero esto no se da por osmosis y de forma espontánea, esto hay que construirlo con voluntad y determinación, y hacia eso vamos.
