A los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos les gusta pensar en dicho ente como una de las últimas instituciones de Washington que está por encima de la política partidista.
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Los nombramientos vitalicios de los jueces y la falta de cámaras dentro de la sala del tribunal han ayudado a promover la opinión de que el Tribunal Supremo opera con imparcialidad al interpretar la ley. Pero las decisiones controvertidas, las peleas del Senado por los nombramientos judiciales y una reciente serie de escándalos éticos han puesto en peligro el sitial en el que los jueces supremos quisieran mantener al tribunal.
Al repasar estos incidentes es obligado preguntarse si estos escándalos cambiarán la forma en que los estadounidenses piensan sobre la corte o la forma en que la corte se ve a sí misma. Además, las revelaciones de las transgresiones éticas por algunos de los miembros del tribunal nos obligan a analizar cómo responderán los legisladores demócratas.
Los jueces federales están obligados a informar los gastos pagados por grupos externos. Los jueces del Tribunal Supremo no están exentos de esta regla, pero incluye una excepción para la “hospedaje provisto por cualquier individuo”, siempre que esa hospitalidad no involucre asuntos oficiales.
En días recientes, nos hemos enterado de que el juez conservador Clarence Thomas, sin embargo, no ha revelado los lujosos regalos y viajes pagados por el donante republicano de Dallas, Harlan Crow, según informó ProPublica el mes pasado. Él y su esposa, Ginni, viajaron por el mundo en jets privados y superyates, todo pagado por Crow.
Estos viajes no aparecieron en ninguna parte en las divulgaciones financieras de Thomas, según informó la organización sin fines de lucro de periodismo; la falta de informes de vuelos parece violar la ley federal aprobada a raíz del escándalo de Watergate.
Pero, no debemos pasar por alto que esta no es la primera vez que Thomas no revela los regalos. En el 2004, el juez había aceptado regalos costosos y viajes en avión privado de Crow y fue una vez invitado de Crow en Bohemian Grove, una mansión en el norte de California que alberga retiros para hombres poderosos. Desde que se revelara esta información por medio de reportes publicados por periodistas investigativos del estado de California, parece que Thomas dejó de revelar estos obsequios.
ProPublica también informó que una de las compañías de Crow, en el 2014, compró a sobre precio la casa en la que vive actualmente la madre de Thomas. También gastó decenas de miles de dólares para renovar la propiedad. Crow ha alegado que tiene la intención de convertir la casa en un museo público que honrara a Thomas, presentado esto como la excusa para comprar la casa y permitir que la madre de Thomas continúe utilizándola como su residencia.
Pero no todo acaba ahí. Thomas no es el único juez que omitió información de sus transacciones financieras.
El juez conservador del Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, ganó entre $250,001 y $500,000 con la venta de una propiedad a un abogado cuyo bufete tenía negocios ante el Tribunal Supremo. Aunque Gorsuch informó de la venta, no reveló quién era el comprador.
Estos escándalos, junto con otros informes sobre la actividad política realizada por Ginni Thomas en medio de la insurrección del 6 de enero, han indignado a los demócratas. La izquierda ya estaba indignada porque el Tribunal Supremo había anulado Roe vs. Wade y parecía probable que desmantelara las protecciones que los estadounidenses han disfrutado durante décadas.
Pero el escándalo de la ética de Thomas les dio a los senadores demócratas la excusa perfecta para comenzar a dirimir asuntos que de otra forma se entendería que deben ser atendidos exclusivamente por los miembros de la rama gubernamental hermana.
El presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, Dick Durbin, un demócrata de Illinois, instó el mes pasado al presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., a investigar los obsequios no revelados por Thomas y tomar medidas para detener conducta impropia adicional.
Durbin ha hecho hincapié en que el Juez Presidente también tiene un papel que desempeñar, tanto en la investigación de cómo podría tener lugar tal conducta en el Tribunal bajo su supervisión, como en garantizar que dicha conducta no vuelva a ocurrir.
Durbin también le pidió a Roberts que compareciera en una audiencia en el Congreso. Roberts se negó la semana pasada, diciendo que era “extremadamente raro” que un miembro del Tribunal Supremo testificara ante una comisión congresional. En cambio, Roberts ofreció una declaración de ética firmada por los nueve jueces. Como era de esperarse, los demócratas del Senado no aceptaron esto como una respuesta apropiada y siguen adelante.
El martes pasado, los demócratas del Senado prometieron reforzar los estándares de ética para el Tribunal Supremo y enfatizaron el hecho de que la laxitud de los estándares actuales han destruido la confianza del público.
Según Durbin, los legisladores deben actuar para cambiar la situación actual. Aunque los miembros del Tribunal Supremo podrían arreglar esto por sí mismos, éste reconoce que durante años, se han negado, y debido a que todo pinta a que la corte no actuará, el Congreso debe hacerlo.
El líder republicano en el Senado, Lindsey Graham, ha denunciado la medida como un intento de destruir el legado de Thomas. Según Graham, este asalto al juez Thomas va mucho más allá de la ética, sino que se trata de una movida para deslegitimar a un tribunal conservador que fue designado por la mayoría republicana a través del proceso tradicional de nombramientos.
A fin de cuentas, aún si no estamos de acuerdo con Durbin ni con Graham, en una cosa si podemos coincidir, comienza a desvanecer la confianza del pueblo americano en la última rama gubernamental que quedaba intacta, libre de escándalos, política y visos de corrupción.