Puerto Rico no tiene la capacidad de cumplir con el Plan de Ajuste sometido ante el tribunal por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La deuda de la AEE es tan astronómica, y los bienes tan reducidos, que no hay forma de poder pagarla a menos que sea reducida significativamente. El Plan de Ajuste sometido por la JSF no logra lo anterior.
PUBLICIDAD
Para que entendamos, hace un tiempo atrás, la propia JSF sometió ante el tribunal federal una opinión del economista Andrew Wolfe en la que establecía, con datos, que aumentar la tarifa promedio de la AEE por encima de 21.4 centavos por kWh pondría en riesgo la capacidad económica de Puerto Rico para enfrentar sus obligaciones futuras. Esto sería así, pues una tarifa mayor que la mencionada tendría el efecto de reducir el crecimiento económico por debajo del mínimo requerido para poner a Puerto Rico en posición de lograr una sostenibilidad fiscal y el pago de la deuda a mediano y largo plazo. Proyecciones similares hizo el economista Ramón Cao en un estudio comisionado por el representante del pueblo ante la Junta de Directores de la AEE, el Ingeniero y planificador, Tomás Torres Placa. Actualmente, pagamos una tarifa que fluctúa entre los 26.18 y 29.21 centavos el Kw-h. Así como lo oye.
Es en este contexto que el 9 de febrero de 2023, la JSF sometió una enmienda al Plan de Ajuste de la AEE ante el tribunal federal. Estas enmiendas proponen la imposición a los clientes residenciales de un cargo fijo de $13 mensuales adicional a lo que pagamos actualmente, más un cargo variable de $0.75 a $0.78 centavos el Kw-h dependiendo del consumo. Según el plan, los clientes que se benefician del PAN, residentes de Proyectos de Vivienda Pública y aquellos clientes que cualifican para los beneficios de salud de Medicaid en Puerto Rico estarían exentos de estos cargos. Se estima que estos clientes exentos suman aproximadamente 621,000, de un número total de 1.46 millones de clientes. Por consiguiente, el 43% de los clientes de la AEE estaría exento del pago de los cargos para el pago de la deuda, recayendo dicho pago sobre el 57% de los clientes.
Pero no queda ahí, el Plan de Ajuste propone un alza en la tarifa de energía eléctrica estimada en 2.40 centavos/Kw-h para el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados de la AEE. Este último cargo se le impondría a todos los consumidores y comerciantes. Sabemos que todos estos cargos tendrían un impacto aproximado de 30% de aumento en la factura de energía eléctrica residencial, con un impacto mayor en la comercial.
Mientras, los bonistas se oponen a este Plan de Ajuste, pues entienden que los cargos deben ser mayores. No obstante, la Juez Swain les ha advertido que estos no deben tener una expectativa real de poder cobrar del pago de tarifas de los clientes a la AEE. Lo que por primera vez abre una posibilidad de ser más agresivos en la negociación.
Se han expresado alternativas. Estas son: (1) que cualquier impacto en la factura de energía que tenga el Plan de Ajuste, para que entre en vigor, tenga que ser aprobado por el Negociado de Energía; (2) auditar y reevaluar los contrato llevados a cabo por la AEE durante el proceso de quiebra de manera tal que puedan reducirse sus costos, y dichos ahorros ser utilizados para paliar cualquier aumento a la tarifa; (3) cualquier incremento en la factura de electricidad, como resultado del plan de ajuste, sea implementado cuando el costo de electricidad esté y se mantenga por debajo de 21.4 centavos el Kw-h; (4) ampliar la base de donde se pagaría cualquier aumento en tarifa. Estas propuestas no son de mi autoría, sino que vienen siendo expresadas por el Ingeniero Tomas Torres Placa hace meses, y las considero acertadas.
Aquí no se trata de evadir responsabilidades. Se trata de una realidad inescapable: este Plan de Ajuste sería la sentencia de muerte del crecimiento económico de Puerto Rico. Es ahora o nunca.