La privatización de los muelles de cruceros de San Juan a través del contrato de Alianza Público Privada (APP) con la compañía Global Port Holdings (GHP), promete una serie de intrigas y revelaciones de gran interés. Hace menos de un año el Gobernador, Pedro Pierluisi, anunciaba con bombos y platillos de la mano de sus flamantes directores, Pizá (Puertos) y Fontanés (APP) esta contratación. Los tres alababan la entrega del control absoluto de los puertos turísticos de cruceros en San Juan por los próximos 30 años a GPH, empresa con serios problemas de liquidez y señalamientos de tener conexiones cercanas con el comercio y la banca en Rusia. No obstante, con sus rostros sin sonrojarse, los tres aplacaron la marea de información negativa que batía contra la proa del contrato otorgado. El problema para éstos es que desde su inicio el contrato hacía agua y amenazaba con hundirse.
Lo interesante es que el contrato ha seguido naufragando, encallándose en la falta de capacidad de cumplimiento por parte de GPH de conseguir la inversión necesaria inicial requerida por las obligaciones pactadas con el Gobierno de Pierluisi, para lo cual han tenido que solicitar tres extensiones de tiempo. Esta última extensión de 90 días surge ante el incumplimiento de la empresa con el requisito de financiamiento acordado en el contrato para el establecimiento de la alianza público-privada.
Como parte de los requisitos contractuales, GPH debía pagar una tarifa de inicial de $75 millones para cubrir deudas y otras necesidades corrientes de la agencia y otros $1.6 millones para labores de dragado de la Bahía de San Juan. Esta cantidad forma parte de los $425 millones de dólares que se comprometió a invertir de capital propio. La incapacidad de GPH de levantar el financiamiento requerido, pudiese indicar que el mercado financiero considera esta empresa muy riesgosa como para extenderle el monto solicitado. A su vez, podría tener implicaciones en la concretización de las reparaciones que requieren los muelles de cruceros. Esto representa serios problemas para la administración de Pedro Pierluisi, y para el desarrollo de los muelles de crucero en Puerto Rico, los cuales se encuentran en un verdadero atolladero desde el huracán María, esperando porque este proceso de privatización se lleve a cabo.
Lo interesante es que hace dos semanas atrás, el Gobierno de Puerto Rico celebró en el Distrito Financiero de Nueva York un evento de lavado de cara de la administración Pierluisi llamado PRNOW. Este espectáculo buscaba brindar información acerca de la alegada recuperación económica y fiscal de Puerto Rico luego de la otorgación del Plan de Ajuste de la deuda. Este evento iba dirigido a la comunidad financiera, con el propósito de atraer inversión y financiamiento dentro del mercado de bonos municipales. La realidad, el evento fue un fracaso, lleno de información superficial, en donde se intentó vender la administración actual como una que llevaba viento en popa sus proyectos de privatización y desarrollo en Puerto Rico. No obstante, los verdaderos conocedores del mercado de bonos, financiamiento e inversión se quedaron esperando por la información real y de sustancia, la cual nunca llegó. Todo se mantuvo en relaciones públicas y desarrollo de relaciones.
Este ejemplo de negligencia crasa en el cumplimiento del deber de los tres capitanes de esta privatización, Pierluisi, Pizá y Fontanés, es evidente. Los tres, tenían que garantizar al amparo de la ley de las APP que GPH disponía de un capital corporativo o social o garantías u otros recursos financieros necesarios para el buen funcionamiento de esta. Han fracasado crasamente, y han puesto en grave riesgo el desarrollo turístico de la industria de cruceros en Puerto Rico. Lo anterior, sin tocar otros aspectos de cumplimiento con las leyes y reglamentación federal aplicables a esta transacción, pudiese representar una próxima temporada de esta novela llena de intrigas, locales e internacionales. Manténgase en sintonía.
