Mientras las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre el tamaño del presupuesto federal y un aumento en el límite de la deuda de la nación se prolongan en su tercera semana, la mayoría de los votantes estadounidenses esperan que las dos partes lleguen a un acuerdo y temen las consecuencias económicas si no lo hacen.
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Los votantes pueden tener razón en su expectativa, en cuanto a un acuerdo. El jueves por la noche, las dos partes parecían estar acercándose a un acuerdo que limitaría algunos gastos del gobierno a cambio de un aumento de dos años en el límite de endeudamiento del gobierno. El sábado durante el día surgieron los primeros rumores de un acuerdo.
Las encuestas a nivel nacional revelan una marcada división partidista sobre qué posición de negociación apoyan los votantes: los demócratas en su mayoría se ponen del lado de Biden, los republicanos en su mayoría respaldan a McCarthy mientras que la parte no partidista del universo de votantes se divide esencialmente en partes iguales. Ese resultado puede parecer predecible, pero no es lo que esperaba la Casa Blanca, por lo que ayuda a explicar la disposición para negociar que ha tomado Biden.
Los líderes demócratas han tratado durante los últimos meses de convencer a los votantes de que el regateo republicano sobre el límite de la deuda está fuera de los límites de la política normal, un ejercicio de “toma de rehenes”, como han dicho muchos demócratas, y una “crisis fabricada”, como lo han dicho otros.
Sin embargo, las encuestas tanto a nivel estatal como nacional, indican que el argumento no ha ganado mucha fuerza más allá de los partidarios demócratas. En parte porque la mayoría de los votantes no han prestado mucha atención a las conversaciones o a los argumentos de ambos lados. Esa realidad ha empujado a Biden a negociaciones que había tratado de evitar, con dos opciones desagradables: una verdadera crisis que podría estallar la próxima semana o un acuerdo que muchos demócratas encontrarán desagradable.
Las negociaciones son difíciles porque ninguna de las partes tiene la influencia para obtener una verdadera victoria; un compromiso decepcionará a la base de cada parte.
Esta primavera, los republicanos renunciaron tácitamente a ganar un cambio importante en el tamaño del gobierno. Dejaron de hablar de un plan para equilibrar el presupuesto federal, al darse cuenta de que los recortes requeridos para hacerlo serían tremendamente impopulares entre los votantes, aún si atraen a algunos activistas del partido.
El Partido Republicano también abandonó la muy impopular idea de reducir los beneficios del Seguro Social o los dos gigantescos programas de salud del gobierno, Medicare y Medicaid. Esos tres programas representan casi la mitad del gasto federal. Los republicanos también quieren aumentar el gasto militar, que representa alrededor del 15 % del presupuesto. También han rechazado todas las propuestas para reducir el déficit cerrando las lagunas fiscales o eliminando gradualmente algunos de los recortes de impuestos de la administración de Donald Trump.
En cambio, los republicanos se han centrado en recortar la parte del gasto federal (menos del 15 % del total) que se destina a programas nacionales sujetos a asignaciones anuales. También quieren imponer nuevos requisitos de trabajo a algunas personas elegibles para beneficios federales como cupones de alimentos.
Aunque los recortes que ha exigido el Partido Republicano son demasiado pequeños para cambiar la necesidad del gobierno de pedir prestado más dinero, son lo suficientemente grandes como para propinar un fuerte golpe a los programas queridos por los demócratas, que pasaron los últimos dos años ampliando los programas para combatir el cambio climático, hacer que la cobertura de salud sea más asequible y lograr otras prioridades del partido.
Los activistas progresistas y los miembros demócratas del Congreso, que esperaban evitar negociar sobre el techo de la deuda, se han vuelto cada vez más incómodos con las conversaciones, por temor a que Biden ceda demasiado. En la derecha, muchos republicanos conservadores han dejado claro que no votarán por ningún acuerdo que comprometa las máximas exigencias del partido. Lo que ha mantenido las conversaciones en marcha es que la alternativa es el caos económico potencial.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha indicado que el gobierno alcanzará su límite de crédito el jueves, aunque es difícil precisar la fecha exacta, ya que un factor importante es la rápidez con la que llegan los recibos de impuestos.
Si el Congreso no aumenta el límite a tiempo, el gobierno no podrá pagar todas sus facturas. Eso podría bloquear los cheques del Seguro Social, los salarios militares, los pagos de intereses adeudados a los tenedores de bonos o cualquier otra cosa en la que Washington gaste dinero.
El gobierno nunca ha incumplido sus obligaciones. Los economistas de ambos partidos dicen que hacerlo podría provocar rápidamente el caos en los mercados financieros y probablemente llevar a la nación a una recesión. Biden y McCarthy han dicho que quieren evitar eso. Ante ese panorama, quedamos pendientes para, no solo el desenlace de las conversaciones sino, la discusión de estos temas en el Congreso como parte del proceso de aprobación de la legislación que se requiere para aumentar el límite de la deuda.
Los presupuestos de por sí reflejan las prioridades de quienes los confeccionan y, en este caso, el proceso para su confección también reflejará la capacidad de republicanos y demócratas de poner el bienestar de la nación por encima de los intereses de sus respectivos partidos.