Se torna frecuente leer en los rotativos de la Isla sobre acusaciones de delito federal por pornografía infantil, así como de intento de persuadir, inducir, atraer y coaccionar a menores de edad para producir pornografía o tener relaciones sexuales con ellos. Los agresores se aprovechan de sus posiciones de poder, acceso a dinero y la ingenuidad de los menores para hacer de ellos presa fácil. Es una realidad que sucede en medio nuestro, y que como sociedad tenemos que enfrentar. No obstante, esos casos del día a día mantienen en las sombras un esquema mucho más complejo y perverso, la trata humana de menores.
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La trata humana es la esclavitud moderna. Florece en ambientes donde los males sociales como la pornografía, prostitución, el narcotráfico y la inmigración ilegal abundan y se mezclan con la pobreza, falta de educación, la corrupción y una pobre seguridad pública. No podemos negar que Puerto Rico contiene todos los elementos para que aquí se desarrollen esquemas de trata humana. Sin embargo, es algo de lo que no hablamos, y que no se trata en su complejidad multifactorial. Seguimos viendo la pornografía como un asunto normal, inocuo, privado y que solo reprochan o combaten los locos fundamentalistas. Igualmente, la prostitución. Quizás no queremos creerlo, pero hoy, en nuestro entorno, menores de edad se prostituyen por comida y otros bienes de manera sistemática.
De hecho, tan cerquita como a 12 millas náuticas al este de Culebra se está desarrollando uno de los casos más notorios de trata humana de menores. Allí, el gran magnate financiero Jeffrey Epstein tenía una residencia, la cual servía de lugar de entretenimiento para sus amigos del alma, y en donde se vendían menores para orgías sexuales a grandes y poderosos. Como resultado de lo anterior, se ventila una demanda civil en la cual se alega que JP Morgan, institución bancaria que le daba servicios a los negocios de Epstein, fue cómplice en el financiamiento de su larga historia de abuso y tráfico sexual de menores.
Deutsche Bank, donde Epstein trasladó gran parte de su riqueza después de dejar de hacer negocios con JPMorgan, ya ha llegado a un acuerdo en un caso similar por $75 millones. Las acusaciones contra JPMorgan son mucho más abarcadoras y graves que las presentadas en contra de Deutsche Bank, ya que incluyen un período en el que su operación de tráfico humano de menores era más sólida y sofisticada. Arguyen que el banco conocía de transacciones sospechosas llevadas a cabo en las cuentas bancarias de Epstein y que esta institución debió haber sabido que estaban relacionados al tráfico y abuso sexual de menores, por los cuales se había declarado culpable a nivel federal.
Los amigos del alma de Epstein incluyen a Jes Staley, director ejecutivo del banco de inversiones de JPMorgan y CEO de Barclays, una de las mayores instituciones financieras de Gran Bretaña. Renunció a la dirección de Barclays en 2021 después de que la autoridades británicas comenzaran una investigación sobre su amistad y relaciones de negocio con Epstein. También está en la lista Sergey Brin, cofundador de Google y presidente de Alphabet, así como Bill Gates, cofundador de Microsoft. Lo anterior no son teorías de conspiración, son historias reales de horror para estos menores de edad y sus familias, fomentadas y perpetradas en las esferas más poderosas y educadas de nuestra sociedad.
No podemos pensar que en Puerto Rico estamos libres de estos esquemas perversos, o que simplemente no se dan. Hay que tomar pasos firmes para identificarlos y erradicarlos. En estos días, varios legisladores se unieron a la senadora Joanne Rodríguez Veve como autores del Proyecto del Senado 1237, que propone la creación de un Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico, con el propósito de integrar toda la información que recopila el gobierno a través de sus agencias que inciden sobre este mal, de manera que tengamos información real y fidedigna que sirva para desarrollar política pública puntual y efectiva contra la trata humana, incluyendo la trata de menores. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante la vulnerabilidad real en la que se encuentran nuestros menores.