La planificación urbana en Puerto Rico brilla por su ausencia. El gobierno, en aras del mercado, de la protección a sectores con poder económico y el libertinaje comercial, ha logrado que el negocio de los alquileres a corto plazo se haya convertido en el más reciente y conflictivo problema social, impidiendo un ordenamiento urbano, la protección de zonas residenciales e históricas y la convivencia familiar, estimulando el desparramiento de este tipo de comercio sin fiscalización alguna.
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El principal responsable de la reglamentación y fiscalización de los alquileres a corto plazo es la Compañía de Turismo. Es un hecho probado la ausencia de fiscalización por parte de la referida agencia para que estos negocios no afecten la convivencia social, que las residencias familiares cercanas o vecinas no se vean afectadas por actividades no permitidas o ruidos excesivos. No hacen nada, ni siquiera ponen en función su propio reglamento, lo han admitido en más de una ocasión en vistas públicas aceptando que lo único que hacen es cobrar los cargos o impuestos a los alquileres. Por ello, las comunidades que han objetado este negocio se encuentran solos y desprotegidos.
El proyecto de la Cámara 1557 es uno tímido, pero un paso para la reglamentación de estas empresas. Logramos incluir en el mismo algunas de nuestras propuestas de protección a las comunidades, otras se quedaron fuera como mayor protección en zonas históricas. No obstante, el proyecto está detenido en la Cámara, debido a un supuesto impase por la definición de alquileres a corto plazo como una actividad comercial, en otras palabras, no se puede definir estas empresas comerciales como lo que son. Incluso, en una vista pública la propia Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) expresó: “…cualquier lugar donde se esté ofreciendo el servicio de alojamientos suplementarios a corto plazo se consideraría para los efectos de la OGPe como una actividad comercial, indistintamente del área de la propiedad que se esté ocupando”.
La Legislatura no puede abdicar de la responsabilidad de legislar, de definir y dejar claro los términos de las actividades comerciales, pero sobre todo, de proteger a las comunidades y las zonas residenciales ante la ausencia de orden, de planificación, de regulación del espacio físico, y no dejarlas a merced del mercado.