En días recientes se desató una controversia luego que en medio de una entrevista que le realizaba en Noticentro al Amanecer el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz, pidió la renuncia del secretario de Salud, Carlos Mellado. Lo así, según dijo, por su alegada falta de compromiso con la clase médica y el sector de la salud. Ello atado a la presunta falta de urgencia de su parte a la hora de asumir como suyas las luchas del mundo de la salud en medio de una crisis evidente para todos.
Esa misma tarde Mellado defendió su gestión y se sentó firmemente en su posición. Pero la disputa se queda en la superficie del problema. Se quede o se vaya el titular, nadie pone en duda que dos cosas. La primera, que la crisis existe. Semanalmente nos toca recibir denuncias de pacientes que no logran acceder a tiempo a servicios de salud. Y bien sea por la falta de especialistas que hace que las citas se demoren meses o porque los planes médicos ponen pero tras pero a los tratamientos recomendados por los especialistas. La segunda, que aunque se habla de que la política pública es atender la crisis, solo basta con conversar con cualquier profesional de la salud o, en su defecto, pacientes, para concluir que lo que se ha hecho no es suficiente y destila muy poco sentido de urgencia.
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Tome como ejemplo lo que va de cuatrienio. Si bien de cara al público las voces de los oficiales de gobierno dicen a coro que la crisis existe, muy poco se ha adelantado en términos legales para que eso que existe deje de existir. La actual sesión legislativa concluye y, una vez más, han quedado sobre la mesa proyectos que podrían ayudar a frenar la crisis. La lista de las medidas que aguardan por ser aprobadas y convertirse en ley es larga. Una de ellas es el proyecto del Senado 1239 que busca establecer patrones de personal de enfermería en la isla, de manera que se determine un máximo de pacientes por enfermeros. Esto evitaría la sobrecarga producto del poco reclutamiento e enfermeras y enfermeros en los hospitales. La medida aún no ha completado el trámite legislativo. ¿Dónde está la urgencia?
Otra es el Proyecto de la Cámara 1781 que prohibiría que las aseguradoras tomen represalias contra proveedores de salud que han denunciado o denuncien situaciones de atropello o conducta nociva por parte de los planes médicos. El proyecto atendería la situación que ya ha ocurrido en la que médicos u otros profesionales de la salud han recibido cancelación de sus contratos o represalias por denunciar públicamente su inconformidad con las aseguradoras. La medida tampoco ha completado el trámite legislativo. Tampoco se ha aprobado o considerado el proyecto de la Cámara 1611 que se conceda una licencia provisional en 10 días y un número de proveedor en 30 días a los nuevos médicos. Esto eliminaría el escenario actual en el que los galenos recién graduados optan por irse fuera de la isla porque sus licencias para trabajar localmente tardan hasta un año para ser emitidas y los planes médicos se demoran un mundo en darles un número de proveedor sin el cual simplemente no pueden cobrar.
Y la lista de medidas radicadas por legisladores de múltiples partidos continúa. Pero aunque son radicados, algo sucede en el proceso legislativo que les frena. Y así, con un lado de la boca muestran preocupación con “la crisis de salud” y con el otro enmudecen. Les ataca inercia y, sesión legislativa tras sesión legislativa, el saldo es la ley del mínimo esfuerzo. Si tanto preocupa la situación del sistema de salud local, ¿Qué detiene a la clase política de hacer lo que le toca para detener la crisis y remediarla? No es secreto que históricamente el mundo de los profesionales de la salud ha denunciado que el capital del sector de los planes médicos ha convivido con los partidos principales y ha aportado a campañas políticas. Un asunto que aunque provoca gritos de indignación, no ha sido desmentido por nadie.
Lo ideal es que en lugar de indignarse por la acusación, actúen. Legislen, fiscalicen y hagan lo que está en sus manos para acabar con esta situación que amenaza no solo la permanencia de profesionales de la salud en la isla sino que, más importante aún, también ponen en riesgo las vidas de aquellos que todos los días fallan en lograr recibir un servicio digno.
