La decisión del juez Anthony Cuevas destituyendo a Elizabeth Torres como delegada anexionista en Washington tiene que abrir una caja de preguntas y discusión.
El magistrado concluyó, a raíz de la demanda presentada por la administración de Pedro Pierluisi, que ella incumplió con su deber. Aunque se refirió específicamente a la radicación de informes periódicos como exige la ley que formó ese grupo para abogar por la estadidad, lo cierto es que bajo la premisa de incumplir con su deber podríamos pedir la salida de muchos oficiales de Gobierno. Y es que estamos ajenos en muchas ocasiones a lo que exigen las leyes de los funcionarios, en gran medida porque en nuestro país no exigimos que rindan cuenta públicamente más allá de los ejercicios periodísticos que se hacen a diario. No existen tampoco mecanismos para que ello ocurra.
La rendición de cuentas es un principio fundamental en la administración pública. Sin ello, ocurre la corrupción, la mediocridad y los malos servicios públicos. Sin ello también el pueblo está ajeno de los tantos buenos servidores públicos para que de esa forma se les reconozca o se les mantenga en los puestos.
Sabemos todos que el caso de Torres no surge de un genuino ejercicio de remoción del cargo por no haber cumplido con un requisito legal de su cargo. Es obvio que ella se convirtió en un problema de relaciones públicas para la administración de turno por sus posiciones conservadoras, estilo, señalamientos sin filtros y posturas raras.
¿A cuantos más el Departamento de Justicia les presentará demandas de destitución en los tribunales? ¿Cuántas investigaciones están realizando por incumplimiento del deber en el Gobierno de Puerto Rico? ¿Le pedirán a Torres la restitución del dinero? ¿Pedirán la destitución de otros delegados que por alguna razón no están ejerciendo sus funciones y cobran dinero público?
Esas son preguntas legitimas que tiene que contestar el Gobierno de Puerto Rico para no lucir excesivamente selectivo en sus acciones.
Por otro lado, este caso tiene otra vertiente: la ley que creo ese grupo de “delegados congresionales”. ¿Debemos continuar con esa inversión publica ante otras tantas necesidades? ¿Qué han logrado además de realizar protestas y visitar oficinas en Washington, gestión que pudieran realizar con su dinero privado? ¿Acaso mal invertir el dinero de los contribuyentes no es también corrupción?
Puerto Rico ha gastado demasiado dinero de la gente en cabildeos en la capital federal que han logrado nada. Tanto administraciones del PNP como del PPD. El PNP para abogar por la estadidad cuando esta en el poder y el PPD para obstaculizar esas gestiones cuando ganan La Fortaleza. Se nos han ido millones de dólares en eso y seguimos legitimando ese esfuerzo. ¿No es hora de que esas gestiones las realicen los partidos con su dinero y no el Gobierno?
Como pueblo tenemos que dejar de seguir legitimando las cosas que han pasado por mucho tiempo y empezar a exigir una rendición de cuentas, de verdad. No solamente a la gente que nos cae mal o son un problema político.
