El espectáculo fue de golpes y empujones en La Parguera. El “ecologismo radical”, intransigente y agresivo, se caracteriza por manipular la frustración comunitaria para organizar grupos en acciones que llaman la “defensa de la madre tierra”.
Hechos indisputados: Una familia acomodada, señalada por daños al manglar, relacionada a la Comisionada Residente. No es nuevo que familiares hasta primos terceros o amigos, cobijados quizá hasta por la percepción de protección que les brinda el político, incurran en acciones punibles, sin consecuencias. “Actividades” en un Gobierno impregnado de clientelismo, amiguismo y la búsqueda de beneficios a corto plazo. Otra expresión de la impunidad que nos arropa.
Lamentablemente hay otros comportamientos en abierto menosprecio del medioambiente. Tomemos por ejemplo el agua - ríos y océano - recurso más necesario para la vida y la economía, malgastado y/o contaminado, por políticas indiferentes y perezosas del Gobierno.
El 10 de julio vimos a la EPA y a Justicia Federal enmendar el Decreto de Consentimiento de 2016 de la AAA, obligándola a realizar cambios importantes al sistema de recolección sanitaria y las plantas de tratamiento, clave para la salud pública. Aguas usadas, desbordadas o parcialmente tratadas, terminan “diluyéndose” en el océano, contaminando playas, lagunas, matando arrecifes y vida marina – vaya “Economía Azul”.
La destrucción causada por huracanes vino a proveer capital para la inversión en infraestructura crítica como tuberías de alcantarillado y plantas de tratamiento. Sin embargo, tuvo la EPA que forzar el proceso, luego de años de inacción gubernamental, sin canalizar prontamente fondos de reconstrucción a la infraestructura crítica de PR y la no utilización de herramientas para acelerar este tipo de Proyecto Crítico bajo la Ley PROMESA – como propuso Proyecto Dignidad en la pasada elección.
Gestiones agresivas o tardías por parte del Gobierno, carecen de visión. Algunos daños ambientales se remedian, pero todos deben evitarse. Una clara política pública y estado de derecho estable, que reconcilie el uso económico responsable de los recursos naturales e históricos es fundamental. Hoy Puerto Rico ni siquiera ha podido actualizar un plan de uso de terrenos.
El desamparo del medio ambiente es también consecuencia de un Gobierno Central que ocupa todas las esferas de poder. Donde los Municipios, muchos de los cuales dependen de la “buena pro” del Gobierno Central para su operación diaria, han sido despojados de autoridad y/o responsabilidad de vigilar la gestión de los recursos naturales e históricos en sus comunidades. Donde hay múltiples responsables, nadie es responsable; Municipio, DRNA, EPA, Acueductos, etc., y en ese mar burocrático se “pierden de vista” los funcionarios, abriendo el espacio al uso y abuso ambiental.
El plan de Gobierno que propongo llamará a los Gobiernos Locales a ser los primeros a vigilar la gestión responsable y proactiva de los recursos naturales e históricos – en el contexto de una clara política pública y estado de derecho - a la vez que el Gobierno Central procurará dotarles con los recursos técnicos y financieros para la efectividad de su gestión.
Nuestra responsabilidad en Proyecto Dignidad es velar por el uso económico de la naturaleza dentro de los márgenes aceptables a la misma, así como por la restauración de nuestros recursos naturales e históricos. La dotación de recursos naturales e históricos son Capital Irremplazable. Su uso debe generar retornos tanto económicos como sociales a la vez que se vigila que estos no se agoten, o bien se regenere el recurso – este “Capital” no se puede despilfarrar. En el largo plazo todos nos beneficiaremos. La naturaleza está para nuestro uso, disfrute y beneficio, pero hay que cuidarla con respeto y responsabilidad.
