En el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos que componen una sociedad, está la responsabilidad del gobierno de hacer cumplir las leyes, establecer políticas públicas, brindar servicios esenciales y proteger los derechos humanos y civiles de las personas.
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En Puerto Rico esas obligaciones están constantemente cuestionadas por la ciudadanía. Son múltiples los ejemplos del incumplimiento del gobierno de sus propias leyes, las que protegen los recursos naturales, sobre energía renovable y de acciones en contra el cambio climático, las protecciones y prevención contra la violencia infantil y los adultos mayores.
Vivimos en un país en que ha sido necesario discutir y priorizar qué son servicios esenciales ante la incapacidad del gobierno de brindarlos de manera constante, pero sobre todo con calidad. Son muchos factores que promueven esos impedimentos gubernamentales, como la quiebra del país, el mal manejo del erario, la corrupción y el clientelismo político, que han incidido gravemente en la imposibilidad de este gobierno -y de los anteriores- de ofrecer los servicios básicos a los que los habitantes de nuestro archipiélago tenemos derecho.
Por otro lado, no podemos ignorar que nuestra condición colonial, la ausencia de poderes para tomar nuestras propias decisiones y la insubordinación de nuestras instituciones gubernamentales ante el gobierno federal, son un factor fundamental de esa incapacidad e imposibilidad del gobierno de actuar a favor de los intereses sociales. Un claro ejemplo de ese colonialismo es la aprobación de la ley Promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal que ha trastocado y mutilado la acción gubernamental con la complicidad y complacencia del bipartidismo criollo.
Además, en el ámbito de los derechos de humanos las violaciones gubernamentales son constantes; violaciones al derecho a la libertad de expresión, a la educación en todos sus niveles y a la salud son vulnerados diariamente.
Distintas comunidades se han organizado para proponer respuestas a esta realidad y muchas organizaciones intentan sustituir al gobierno en sus responsabilidades, pero esta no puede ser la acción definitiva, tiene que haber una transformación de todas las instituciones gubernamentales, junto a la independencia para tener los poderes para lograr esa transformación tan necesaria.