Opinión

ELA: La Colonia Protegida

Lee aquí la columna del periodista y director de programación de NotiUno.

La propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA) anunciada por el presidente del Senado y ex presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, tendrá en el Congreso de los Estados Unidos el mismo efecto que ha tenido por los pasados años: ninguno.

A pesar de eso, hay que reconocer que a la única figura a la que pareciera importarle atender este tema dentro del PPD es a Dalmau, independientemente de los traspiés que ha tenido dentro de su colectividad. Reconoce Dalmau que en la capital federal han sido muy fríos y tímidos atendiendo el tema. Yo le añado que no es algo distinto a como lo ha manejado su propio partido. De hecho, el PPD ha sido mucho más desprendido que el Congreso haciendo nada.

Hace poco más de un año el líder legislativo anunció su intención de llevar al PPD a un proceso de definición del ELA para que fueran los populares los que decidieran qué fórmula querían. “Hoy les anuncio, que estaré convocando una votación abierta de todos los electores afiliados del Partido Popular Democrático para que sean ustedes, los populares… si desean que el futuro del ELA sea a través de la libre asociación o bajo un nuevo modelo de desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que nos concede nuestra ciudadanía americana”, anunció en junio del 2022. En el tema del estatus Dalmau fue boicoteado internamente.

Una golondrina no hace verano. Si como presidente de la colectividad se le dificultó mover la rueda internamente en este tema, pues es poco probable que pueda ocurrir algo con su propuesta actual, aunque su intención sea genuina.

¿Qué propone?

Que la ciudadanía americana de los puertorriqueños tendrá el mismo peso y categoría de los ciudadanos que viven en los estados. Fíjese que no indica “mantendrá”. Se mantiene lo que ya se tiene, por lo tanto se reconoce que nuestra ciudadanía no necesariamente tiene el mismo peso que la de los que viven en los estados.

Que en un nuevo ELA el gobierno federal no impondrá las pautas y que necesitarán permiso de los puertorriqueños, por medio de referéndum, para hacer algún cambio.

Que las leyes y programa federales aplicarán en la isla como ocurre hoy día, pero que si alguna ley o regulación federal modifica o afecta los poderes del gobierno local, éste podrá reclamar que se nos excluya de la aplicabilidad de dicha ley o disposición. ¿Solo reclamar? ¿Hoy no se puede reclamar?

En esos últimos dos párrafos establece que no podría haber, por ejemplo, más Ley PROMESA, Juntas de Supervisión Fiscal, ni legislaciones federales impuestas para, por ejemplo, enderezar nuestras finanzas si nuestra clase política la vuelve a embarrar administrando irresponsablemente, independientemente de la cantidad fondos federales que gasten y malgasten, algo que tristemente sospecho volverá a ocurrir una vez culmine PROMESA.

Según el presidente senatorial estas propuestas de enmiendas que se someterían para proyectos que ya están en la legislatura federal tienen posibilidades de ser adoptadas. No obstante, la pregunta no es si son adoptadas como enmiendas a una legislación propuesta, es si esa legislación se aprobará.

Dalmau reconoce que la excusa del Congreso y el Senado de Estados Unidos para hacer nada es que acá no nos ponemos de acuerdo, en referencia a los tres partidos principales. Sin embargo, debemos preguntarnos si lo que él propone cambia en algo eso de que no nos ponemos de acuerdo, cuando dentro de su propio partido no se han puesto de acuerdo sobre el ELA que desean.

El anuncio de las propuestas de Dalmau se dio a solo horas de la conmemoración del 71 aniversario de la fundación del ELA, por lo que habrá que ver si se trata el tema por el momentum y luego la olvidan hasta el aniversario número 72.

El Partido Popular Democrático, estando en el poder, y desde mi perspectiva, solo tuvo intención real de atender el tema cuando Rafael Hernández Colón era gobernador, Carlos Romero Barceló presidente del PNP y Rubén Berríos Martínez del PIP. Los tres se unieron para impulsar el proyecto de los senadores federales John Bennett Jonhston (Demócrata) y James McClure (Republicano). El mismo buscaba atender el tema del estatus en 1989.

Las probabilidades hoy de que el problema se atienda son mucho menores que las de aquel momento donde se hicieron a un lado las diferencias para lograr entendidos, tanto a nivel local como en Washington. Hoy tenemos un congreso republicano y algunos sectores demócratas que tampoco les interesa resolver el estatus.

Ahora bien, eso no es razón para no seguir forzando el tema. Lo que pasa es que no debe ser cada cual por su lado. La actitud de no unirse y lograr entendidos nuevamente para ir a Washington provocará que Estados Unidos siga apoyándose de la excusa de que no nos ponemos de acuerdo. En ese sentido somos nosotros lo que les damos la justificación perfecta para que mantengan la colonia llamada Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en ese sentido son los partidos locales los que protegen la colonia actuando cada cuál por su lado.

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