En días recientes el Servicio de Rentas Internas (IRS) federal anunció que se encuentra investigando cerca de 100 residentes inversionistas de Puerto Rico acogidos a la Ley 22 (Ley 60) debido a irregularidades en sus estatus como residentes de Puerto Rico y lo que ello implica para tal agencia y al fisco estadounidense. En síntesis, que los residentes de Puerto Rico no tienen la misma obligación que los residentes de Estados Unidos hacia el IRS y aparentemente hay quienes están manifestando ser residentes de Puerto Rico sin serlo y ello implicaría que están evadiendo su responsabilidad con tal agencia.
Tal fenómeno no es nuevo, esto se ha venido advirtiendo localmente, pues la veracidad de la residencia de estos mal llamados inversionistas es difícil de constatar y fiscalizar, pues tanto la Ley como el reglamento habilitador no le dan al gobierno garras suficientes para asegurarse de que estas personas residen en Puerto Rico. El daño es el mismo, llámese IRS o Departamento de Hacienda, el hecho de que haya personas manifestando que residen en nuestro archipiélago, buscando evadir responsabilidad fiscal, generaría una pérdida, que pudiera ser millonaria, a las frágiles arcas del gobierno del ELA
Tras el anuncio del gobierno federal se formó el “corre y corre” en esta colonia y hasta el gobernador tuvo que modular su discurso a favor de estas leyes, mientras que cuando aquí diversos sectores hemos levantado nuestra voz para denunciar los efectos negativos de estas y su aplicación, fue él quien dijo que las personas que se oponen a estas leyes lo hacen por xenofobia. Pues tal parece que el IRS se ha contagiado con la xenofobia local y ha comenzado a “discriminar” con los beneficiarios de estas leyes, pues si hay un centenar de casos que están siendo investigados en cuanto al único asunto de la residencia, quiere decir que este es el resultado de un avalúo más general en cuanto a los decretos otorgados. Ni xenofobia, ni discrimen. Lo que está mal, está mal y ese es el caso de la Ley 22 y su progenie.
