Por decisión unánime, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) aprobó la Resolución 2023-JG-005, en donde fijó su posición pública, en torno a los asuntos relacionados a posibles enmiendas al Código Electoral. Este tema se tornó institucional, y no es para menos. En eso le va la vida a nuestro partido.
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Entre otras cosas, determinó que “...por tratarse de un asunto institucional, cualquier negociación entre el Partido Popular Democrático, y los demás partidos políticos y legisladores independientes, representados en la Asamblea Legislativa en asuntos y materia electoral, en lo que resta de este cuatrienio, será encabezada por el Presidente de nuestro partido, como Presidente de la Conferencia Legislativa”.
El PPD ha tomado muchas decisiones sobre el quehacer público. Aquí tenemos una contundente.
Según el Reglamento del PPD, corresponde a su Junta de Gobierno fijar la posición política y la línea del Partido ante asuntos de interés público. Inclusive dice que puede trazar y planificar la estrategia política institucional del Partido, la cual, una vez establecida, es dirigida y ejecutada solo por el presidente del Partido Popular. Esto es incuestionable.
Los partidos políticos, de alguna manera tienen que hacer valer sus acuerdos y toma de decisiones. Para los afiliados que ocupan cargos públicos en representación del Partido Popular, nuestro Reglamento Interno es severo cuando establece que es “...incompatible con ser, aspirante a candidatura, candidato(a) a puesto público electivo u ocupar un puesto en la organización del Partido”, cuando incumple con un acuerdo debidamente tomado por la Junta de Gobierno. En tales casos, el Reglamento es claro y preciso: “...tal conducta será reglamentada y sancionada”.
Hace tiempo es momento de dejar atrás las agendas personales y garantizar respeto a la institucionalidad. Este es un ejemplo de eso. En el asunto electoral, la posición institucional fue fijada por la Junta de Gobierno de forma clara y con votación unánime.