Los tentáculos de la controversia del Condominio Sol y Playa tocó esta semana, quizás injustamente, la toga judicial al volver a mezclarla con la política partidista.
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En primera instancia, el juez que está viendo el caso, Hon. Abid Quiñones Portalatín, declaró incurso en desacato a la presidenta de la Junta de Condomines, la también ex jueza, María Isabel Negrón García, por no llegar el pasado lunes al tribunal a anunciar que habían comenzado las labores de demolición del muro que se construyó y que se declaró ilegal en el complejo.
En primer lugar, quienes votaron a favor y que decidieron en el Condominio Sol y Playa que se reconstruyera el complejo comunal en terreno que ya fue impactado por la naturaleza, en este caso por el huracán María, apostaron y tarde o temprano iban a perder la apuesta. Donde se metió el mar una vez, va a volver a meterse, y con probabilidades de que sea con mayor fuerza. Así que tarde o temprano perderían la “inversión”.
Una vez declarada por distintas entidades gubernamentales como improcedente la construcción de muro, el Consejo de Titulares del Sol y Playa debieron, en mi opinión, atenerse y desistir de la misma. Decía la presidenta de la Junta, Negrón García, que en la cuenta bancaria del complejo solo había $23,000 y que no sabía qué habían hecho las otras directivas con los chavos. No hay que pensar mucho para especular donde pudiera estar el dinero. A parte de los pagos recurrentes de utilidades y servicios, parte debe estar en los bolsillos de todos los abogados, peritos, contratistas y demás que han participado en el pasito pa’ lante y pasito pa’ trás de toda litigación legal y administrativa en distintas dependencias gubernamentales y en los tribunales. Este caso recorrió todas las jerarquías judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y eso no cuesta a $15.00 la hora.
El Consejo de Titulares y/o las Juntas anteriores de Sol y Playa, pienso, actuaron más emocional que racionalmente en este caso, y los errores se pagan con dinero, en los mejores casos.
Sí, la presidenta estaba advertida que para ayer debía mostrar que habían iniciado la demolición, o por lo menos hecho gestiones certeras y reales para iniciarla próximamente. No obstante, el juez expuso su listado cronológico de hechos e incumplimientos antes de su determinación de mandar a arrestarla. Ella, igual expuso todo lo que ha hecho en dos meses, desde que asumió la presidencia y que no habían hecho los otros presidentes para cumplir. Incluso, días previos a la vista del lunes y por medio de moción al Tribunal, notificó que el contratista que iniciaría las labores, renunció días antes a hacer la demolición.
¿Qué el juez no le dió credibilidad? Puede ser, pero ¿no hubiese sido mejor investigar la veracidad de lo expuesto antes de privar a una persona de su libertad? Entiendo que sí podía. No obstante, suponiendo que no tenía espacio para investigar, igual podía emitir multa diaria contra el complejo y eso sí dolería en el bolsillo de todos los titulares. ¿En realidad alguien piensa que los titulares se descontrolaron de los nervios y no conciliarían el sueño porque la presidenta dormiría en la cárcel una o varias noches? ¡Por favor!
¿Se excedió el juez Quiñones Portalatín? Es su prerrogativa hacer lo que hizo y eso no está en duda, pero su determinación no lograría lo que buscaba. ¿Cómo iba la presidenta gestionar desde una celda la contratación de otra compañía? Ciertamente la Junta no es ella sola, pero la decisión del juez podría provocar que los demás miembros renunciaran, huyendo a controversias similares, si no es que lo hicieron ya.
Horas después de ordenar el arresto de la presidenta, el juez Miguel Trabal Cuebas ordenó su excarcelación por medio de un procedimiento de habeas corpus. Se debate si tenía competencia para hacerlo o no.
No obstante, llamó la atención que cuando el juez Quiñones Portalatín ordenó el arresto de la ex jueza, nadie cuestionó su afiliación política, y no había porqué hacerlo. Sin embargo, cuando el juez Trabal Cuebas hizo su determinación, los titulares fueron que este había sido designado juez bajo un gobierno del PNP y que había aspirado a un puesto político por esa colectividad. Entonces, si el juez Abid Quiñones Portalatín igualmente fue designado por un gobierno del PPD y también aspiró a la alcaldía de Lares por la pava,pues ¿por qué destacar la afiliación de uno y no la del otro? Todo depende de qué mensaje quiere dar el que lo desataca o qué agenda puede tener. Si uno toma una decisión que le gusta a una parte, pues esa parte no menciona la afiliación porque quiere proyectar que la misma es acorde a estricto derecho, que es justa y no influenciada por política. Pero si la decisión es adversa, pues entonces se busca la manera de cuestionarla mezclándola con política. Todo es según el color del cristal con que se mira.
La judicatura tiene jueces, en su mayoría, cuya designación pudo haber estado revestida por la afiliación del partido que gobernaba en ese momento. Así ocurre en todo el mundo. Ahora bien, entender por eso que todas las decisiones judiciales están decididas por la afilicación política es injusto con los jueces. Puede haberlas, pero ni siquiera deben ser la mayoría. Tan juez es Quiñones Portalatín como lo es Trabal Cuebas. Reducir el análisis y el debate a qué partido pertenecen o sirvieron, pues es un análisis llanito.