Aunque los encausamientos criminales contra Donald Trump dominan los titulares, se está gestando una ola de litigios diferente y con menos publicidad que podría poner en peligro sus ambiciones presidenciales: los esfuerzos por excluirlo de las elecciones en virtud de una disposición constitucional adoptada después de la Guerra Civil.
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La disposición, Sección 3 de la Enmienda 14, prohíbe el acceso a cargos públicos a personas que participen en “insurrección”. Ha recibido una atención renovada este mes con la publicación de un extenso artículo de revista jurídica escrito por dos abogados conservadores que sostienen que la conducta de Trump encaja precisamente dentro del significado original de la enmienda.
Sin embargo, incluso antes de eso, los grupos legales liberales habían comenzado a investigar las leyes estatales y a trabajar con votantes que podrían cuestionar la inclusión de Trump en la papeleta para la elección presidencial. Esto da indicios de que los estadounidenses podrían empezar a ver una serie de impugnaciones presentadas en un estado tras otro.
Es probable que estos cuestionamientos se formalicen hacia fines de este año y principios del próximo, a medida que se acerquen los plazos para que los candidatos presenten formalmente su candidatura y podrían dominar los primeros meses de la temporada de primarias.
Si los esfuerzos tendrán éxito sigue siendo una incógnita; los argumentos legales son complejos y sin precedentes claros y podrían conducir a un enfrentamiento en la Corte Suprema a principios del nuevo año. Sin embargo, gane o pierda, el tema podría interrumpir gravemente una temporada de primarias que ya está cargada de conflictos y violencia, otro ejemplo de cómo el incumplimiento de la ley por parte de Trump está poniendo en jaque los sistemas legales y políticos del país.
Veamos en detalle de qué se trata todo esto.
La Enmienda 14, agregada a la Constitución tres años después del final de la Guerra Civil, es mejor conocida por su primera sección, que garantiza el debido proceso y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos estadounidenses y constituye la base de una gran parte del derecho constitucional moderno.
El problema para Trump es la Sección 3 de la enmienda, que prohíbe el cargo a cualquier persona que, habiendo hecho previamente un juramento para proteger la Constitución, se haya “involucrado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya brindado ayuda o consuelo a los enemigos de la misma”. El lenguaje fue escrito para evitar que los ex funcionarios que habían respaldado a la Confederación recuperaran el poder, sujeto a una excepción: el Congreso podría otorgar amnistía por dos tercios de los votos.
Cuatro años después de que se ratificara la enmienda, el Congreso aprobó tal amnistía, poniendo la Sección 3 en funciones. Allí permaneció dicho texto, en gran parte intacto, durante 150 años hasta que las turbas pro-Trump irrumpieron en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.
Que las restricciones de la enmienda van más allá de la Confederación parece bastante claro: nada en el lenguaje lo limita a la Guerra Civil. El debate corriente trata más bien de todo lo demás: a quién se aplica la prohibición, cómo se debe hacer cumplir y qué tipos de conducta constituyen la “insurrección o rebelión”.
Una pregunta central es si el Congreso necesita aprobar una ley para hacer cumplir la prohibición. Poco después de que la enmienda entrara en vigor, un tribunal federal de apelaciones sostuvo que ese era el caso, pero el reciente artículo de revista jurídica escrito por los profesores William Baude de la Universidad de Chicago y Michael Stokes Paulsen de la Universidad de St. Thomas lo refutó enérgicamente.
“La Sección 3 es autoejecutable. Es decir, sus inhabilitaciones para el cargo son constitucionalmente automáticas”, escribieron, comparando la inhabilitación con el requisito de que el presidente tenga 35 años y sea ciudadano natural.
Según los autores, desde su punto de vista, basándose en el record público, el expresidente Donald J. Trump está constitucionalmente inhabilitado para volver a ser presidente (o ocupar cualquier otro cargo electivo) debido a su papel en el intento de derrocamiento de las elecciones de 2020 y los eventos que llevaron a al atentado del 6 de enero de 2021.
Otro catedrático conservador conocido a nivel nacional, Steven Calabresi de la facultad de derecho de la Universidad Northwestern, ha tomado la misma posición, al igual que algunos destacados expertos liberales, incluido el profesor Lawrence Tirbe de Harvard.
Otros, incluidos los abogados de Trump, pero también algunos críticos vocales del expresidente, no están de acuerdo. Quienes se oponen al uso de la Enmienda 14 para descalificar a Trump argumentan que los eventos del 6 de enero no alcanzaron el nivel de una insurrección. Dicen, incluso si el 6 de enero fue una insurrección, Trump no “participó” en ella. Entre otros argumentos, quienes se oponen a la utilización de la Enmienda 14 como mecanismo de descalificación de Trump señalan que no debemos olvidar que estamos hablando de empoderar a los políticos partidistas, como los secretarios de estado estatales, para descalificar a sus oponentes políticos de la boleta electoral, privando a los votantes de la capacidad de elegir a los candidatos de su elección. El uso indebido de dicho mecanismo traería consigo un resultado profundamente antidemocrático.
En este ciclo de elecciones presidenciales, los plazos para la presentación de candidatos comienzan en Nevada el 16 de octubre y luego se multiplican en noviembre y diciembre, lo que significa que una ola de desafíos a la elegibilidad de Trump probablemente comenzará a afectar a los funcionarios electorales de toda la nación a fines de este año, especialmente en los estados demócratas en los que los impugnadores pueden esperar un fallo favorable que podría llevar el asunto rápidamente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.