Tras décadas de luchas y reclamos el empleado público recibía aumentos y cambios en su compensación salarial mediante diversos mecánicos como aumentos por ley, nuevos planes de clasificación y retribución, la otorgación de diversos pasos por méritos o productividad. Todo esto como parte de la necesidad inherente de compensar al trabajador, mejorar su calidad de vida y promover la retención en el empleo. Claro está, esto no estaba exento de injusticias, basado en discrimen políticos o arbitrariedades.
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Desde el reconocimiento de la quiebra del país y las medidas de austeridad, las primeras víctimas fueron los empleados públicos a quienes se les congeló sus salarios, dejaron de recibir aumentos, su productividad dejó de ser reconocida, y quedaron paralizados sus reclamos en diversos foros como consecuencia de la aprobación de la ley Promesa.
Ese terrible cuadro contribuyó a la pérdida de empleados públicos, con renuncias o retiros adelantados, buscando nuevas oportunidades, sin olvidar la ley 7 que provocó el despido de miles de empleados, teniendo como consecuencia la crisis actual en los servicios por la falta de empleados en múltiples agencias de Gobierno.
Recientemente se han dado distintos acontecimientos relacionados con los salarios de los empleados públicos. La batalla en la calle por parte de las maestras y maestros del Departamento de Educación provocó un aumento a su salario, el nuevo plan de clasificación del Gobierno central provocó aumentos de sueldo a unos sectores pero también, grandes injusticias como, por ejemplo, a los empleados del Departamento de Justicia y la absurda escala salarial de las Consejeras y Consejeros en Rehabilitación de la Administración de Rehabilitación Vocacional, además los reclamos constantes de los policías, bomberos y enfermeras.
Las injusticias siguen en la Rama Judicial cuando un inmenso grupo de empleados solo recibieron un raquítico aumento de sueldo, convirtiéndose de esa forma el plan de retribución en una gran injusticia.
Si en la Legislatura quieren hablar de aumentar salarios, hay que comenzar con los miles de empleados públicos del Gobierno que hoy lidian con la inflación y el aumento en el costo de vida. Si en la Legislatura quieren hablar de aumentar salarios también hay que instituir un plan nacional de salud universal que los proteja y devolver los retiros dignos. Esa es y tiene que ser la agenda y calendario de trabajo.