Esta semana, denunciamos en conferencia de prensa, la inutilidad de los mal llamados delegados de la estadidad y el gasto que esto representa para las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Un grupo de puertorriqueños que ha cobrado más de un millón de dólares con la única responsabilidad de conseguir la anexión de Puerto Rico como estado, en un momento en que Puerto Rico enfrenta desafíos en áreas como la salud pública y la educación, solo por mencionar algunos de nuestros desafíos. Por los pasados años, este grupo, con salarios de 90 mil dólares, más 30 mil para gastos adicionales, no han hecho nada más que responder a una estrategia política del Partido Nuevo Progresista. Una estrategia que hasta parecería que el propio Partido Nuevo Progresista ha abandonado, pues desde el 2022, no han logrado que se radique algún proyecto adicional que busque la anexión de la isla como Estado y el único proyecto pendiente ante el Congreso es otra consulta más de estatus.
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Sepa usted que estos cabilderos no están cumpliendo con el mandato de la ley que los creó. Su propia ley habilitadora establece en su artículo 10 que estos delegados, le exigirán al Congreso de Estados Unidos que respete y haga valer el resultado del Plebiscito de 2020 y que proceda a admitir a Puerto Rico como estado. La pregunta que todos nos hacemos es, si en el Congreso no existe un proyecto para admitir a Puerto Rico como estado, ¿qué hacen estos delegados gastando el dinero del pueblo en viajes, comidas y lujos? ¿Por qué tenemos que seguir invirtiendo dinero del pueblo en esfuerzos estériles que sabemos que no tendrán ningún resultado? ¿Acaso ese dinero no debe salir del PNP por ser una estrategia política de ellos?
¿Existe la voluntad para eliminar estos funcionarios? La respuesta es que sí. Existe la voluntad para derogar esta ley. Durante la pasada sesión de la Cámara se aprobó, sin el voto de los legisladores del penepé la derogación de esa ley. Esta aprobación se dio con el aval de la mayoría legislativa y casi todas las minorías. Hay consenso en la legislatura en que esto debe ser derogado, pero ¿qué hacemos con el dinero del pueblo que ha sido invertido en este embeleco? El PPD estará radicando en los próximos días una querella en la Oficina de Ética Gubernamental para que esta agencia investigue, por medio de las facturas que estos delegados han sometido, y que han sido pagadas, en qué han invertido el dinero del pueblo de Puerto Rico.
Nuestro planteamiento como partido no se trata de cuestionar el ideal, a eso tienen derecho. De lo que se trata es de la costo-efectividad de tener funcionarios promoviendo una agenda política partidista en Washington pagadas con fondos públicos y la eficacia de los cabilderos de la estadidad en la actualidad. La derogación de la Ley 167-2020 podría ser un paso crucial para redirigir los recursos para resolver problemas más apremiantes y poner fin a lo que consideramos un gasto insensato. Es hora de que el Gobierno de Puerto Rico reflexione sobre el papel de estos cabilderos y tome decisiones que reflejen los intereses y las necesidades reales de los ciudadanos de la isla.