La reorganización de las Agencias de Gobierno, particularmente la fusión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico con entidades como la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y la Compañía de Parques Nacionales, generó un intenso debate desde su aprobación. Se suponía que esta medida optimizaría los procesos y generarían ahorros económicos, pero en cambio parece haber exacerbado la burocracia y disminuido la calidad de los servicios proporcionados.
En la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, hemos comenzado a celebrar vistas públicas para investigar los efectos de esta reorganización a través de la RC 751 del representante Domingo Torres, señalando la importancia crucial del DRNA en la protección ambiental de la isla. Durante las vistas públicas, varios deponentes, plantearon inquietudes sobre posibles conflictos de interés en el análisis de permisos de cumplimiento ambiental, especialmente con la inclusión de la Junta de Calidad Ambiental dentro del DRNA. Ese escenario coloca al regulador siendo supervisado por el regulado. Ese hecho plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la toma de decisiones relacionadas con permisos ambientales, máxime cuando el Gobierno ha anunciado que próximamente comenzarán las obras de reconstrucción en la Isla.
La incomparable belleza natural de nuestra Isla, enfrenta un desafío urgente y trascendental: la conservación de sus valiosos recursos naturales. La riqueza ecológica de esta isla, con su biodiversidad única y sus ecosistemas frágiles, requiere una atención y protección inmediatas para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Para esto, es fundamental evaluar la capacidad real del DRNA y su papel en la supervisión de proyectos de recuperación y su impacto ambiental. Estos desafíos deben abordarse con urgencia para garantizar la protección efectiva del medio ambiente en Puerto Rico, pero sin detener nuestro desarrollo económico
Otro de los problemas que ha enfrentado esta fusión, es la burocratización de los servicios y la disminución de la calidad de los servicios que se reciben. Son muchos los casos de demoras en la obtención de permisos y servicios, lo que ha generado frustración y ha debilitado la confianza en la institución. La idea de las consolidación, descansaba precisamente en la agilidad en la prestación de los servicios y el supuesto ahorro de recursos públicos. Hoy, cinco años después, nada demuestra que esa meta se ha cumplido.
En resumen, la reorganización de los departamentos gubernamentales, aunque realizada con el pretexto de mejorar la eficiencia y generar ahorros económicos, ha redundado en servicios menos efectivos para la ciudadanía. En algunos casos ha generado incluso cuestionamientos sobre la integridad en la gestión pública. En el caso del DRNA, es imperativo abordar estos problemas lo antes posible para asegurar la protección ambiental de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos.
