La primera semana de cada término del Tribunal Supremo típicamente trae consigo una sensación de un nuevo comienzo. Las vacaciones de verano de los magistrados, como solía decir la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg, dan tiempo para calmar cualquier resentimiento entre estos luego de haber emitido opiniones difíciles en cuanto a las cuales no siempre existe el consenso.
Pero el verano pasado fue diferente. El Tribunal Supremo comenzó un nuevo mandato esta semana con el apoyo público en su punto más bajo, nubes negras llenas de cuestionamientos éticos flotando sobre dos de sus miembros y una agenda impulsada por desafíos a las plataformas de redes sociales, leyes sobre armas, derecho al voto y varios asuntos más.
Las noticias publicadas sobre viajes no reportados, entretenimiento y otras prebendas a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito Jr. por parte de algunos de los hombres más ricos de la nación, algunos de ellos con asuntos ante el Tribunal, mantuvieron a la corte como centro de atención con un tono poco halagador. Como consecuencia, los demócratas del Senado, algunos juristas y gran parte del público han continuado presionando al Tribunal para que adoptara un código de ética para sí mismo. El 75 % de los votantes en una encuesta reciente de Político también apoyan un código de ética vinculante.
A continuación se presentan algunos casos clave que los magistrados decidirán durante este nuevo término.
Redes sociales
Los derechos de los propietarios de las plataformas de redes sociales y de los usuarios serán objeto de escrutinio en cuatro casos. Dos casos involucran leyes promulgadas por Florida y Texas para regular las principales plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube y X (anteriormente conocida como Twitter). Ambas leyes restringen la capacidad de las plataformas para moderar contenido eliminando, editando u organizando contenido generado por el usuario; exigir que las plataformas brinden explicaciones individualizadas para ciertas formas de moderación de contenido; y exigir divulgaciones generales sobre las prácticas de moderación de contenido de las plataformas (Moody v. NetChoice; NetChoice v. Paxton).
Los jueces limitaron las cuestiones que considerarán como argumento, así las restricciones de moderación de contenido de las leyes cumplen con la Primera Enmienda, y si los requisitos de explicación individualizada de las leyes cumplen con la Primera Enmienda.
Dos casos distintos también plantean la cuestión de si los funcionarios públicos, que utilizan sus cuentas personales de redes sociales para comunicarse con el público, están actuando como funcionarios gubernamentales y violan la Primera Enmienda cuando bloquean a sus críticos.
Control de Armas
Una sección del Código Penal de Estados Unidos prohíbe la posesión de armas de fuego a cualquier persona que se encuentre bajo una orden de restricción por violencia doméstica. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó que la prohibición viola la Segunda Enmienda porque no había ningún análogo histórico para tal prohibición en los años 1700 o 1800, una nueva prueba para los casos de la Segunda Enmienda. Los jueces decidirán si eso es correcto en una apelación interpuesta por la Administración Biden.
Poder Federal
Si las empresas en general, y las instituciones financieras en particular, tuvieran una lista de los reguladores federales que más les desagradan, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor estaría seguramente en una de las primeras 3 posiciones de la lista. La oficina, creación de la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, ha estado bajo ataque legal casi desde su creación. La oficina es un organismo regulador dentro del Sistema de la Reserva Federal.
El último desafío para la oficina proviene de la industria de préstamos de día de pago (conocido en inglés como “payday loans”). La cuestión ante los jueces es si el mecanismo mediante el cual se le asigna el presupuesto a dicho ente gubernamental viola la cláusula de asignaciones del Artículo I, Sección 9 de la Constitución (Oficina de Protección Financiera del Consumidor contra la Asociación de Servicios Financieros Comunitarios de América). Este caso podría sentar precedente en cuanto a la prerogativa de las agencias del ejecutivo a actuar vis a vis los poderes delegados tácitamente por le legislación que las crea.
Derecho al voto
Con las elecciones de 2024 acercándose rápidamente, los jueces probablemente enfrentarán una serie de desafíos en materia de derecho al voto, dada la cantidad de demandas en toda la Nación. Sin embargo, su atención inmediata se centra en un caso de Carolina del Sur. Un panel de tres jueces dictaminó en enero que la legislatura controlada por los republicanos creó una manipulación racial inconstitucional al trasladar a miles de votantes negros a un nuevo distrito cuando volvió a dibujar los mapas congresionales después del censo de 2020. Carolina del Sur sostiene que el enfoque predominante en la redistribución lo fue el garantizar un escaño republicano y no un asunto de raza.
