En medio de la avalancha de radicaciones de candidaturas para las próximas elecciones generales, es importante que no perdamos de vista el esquema legal con el que todos y todas las aspirantes, así como todos los funcionarios, tienen que cumplir de ahora en adelante. Es importante avisar esto ahora, porque como dice el refrán, “en guerra avisada no muere gente”.
O más bien, como decía una de mis profesoras universitarias, “muere poca gente”, pues en la guerra las fatalidades son inevitables.
El lunes, en nuestro programa “Primera Pregunta” por Telemundo, hablaba con el Contralor Electoral, Walter Vélez, y me contaba de la importancia de que todas y todos tengan claro las reglas de juego, temprano en el proceso. Y en este juego, habrá unas reglas particulares, que no son nuevas, pero que cada vez se hacen más imperativo que se cumplan. Hablo de las redes sociales y cómo pudiéramos estar ante una gran cantidad de funcionarios usando las cuentas digitales de oficinas de gobierno, llámense municipios, agencias, Legislatura o hasta Fortaleza, para promover candidaturas o partidos políticos. Esto será inaceptable y es el Contralor Electoral la figura en nuestro organigrama gubernamental la llamada a velar el cumplimiento de las leyes electorales en estos aspectos.
Lo peor de este tipo de violación de ley en estos medios de comunicación, por su naturaleza, es que el remedio ocurre mayormente cuando el daño que se busca evitar, está hecho. Las redes sociales tienen una rapidez que no tiene la prensa escrita, la radio o la televisión en este tema. En estos tres tipos de medios tradicionales, el ente fiscalizador de los anuncios que se pautan con fondos públicos, está obligado a revisarlos antes de su publicación, y así usualmente ocurre. Por lo tanto, si se detecta algo, el anuncio se arregla o no se publica y se evita la influencia indebida que se pretendía. En el caso de las redes sociales, será imposible que la Oficina del Contralor Electoral establezca un filtro para cada “post”, comentario, foto, video, publicado en X, Facebook, Instagram o TikTok antes que sea publicado por funcionarios (o sus equipos de campaña) tales como legisladores municipales o estatales, alcaldes, jefes de agencia, y hasta el Gobernador. Por lo tanto, ¿cuál será el remedio o la mejor forma de combatir esto? La denuncia pública desde el inicio.
Será importante que la ciudadanía, particularmente aquellos que viven adentrados en el mundo de las redes sociales todo el tiempo, sirvan de “watch dogs” en este proceso. Solo así podremos parar esta práctica que en los pasados dos ciclos electorales ha sido imposible atacar cabalmente. Una vez se denuncien a los primeros y se impongan las multas que correspondan, otros lo pensarán dos o tres veces antes de hacerlo.
Hacer campañas políticas con fondos públicos no solo plantea una monumental desventaja entre los que manejan presupuestos públicos y aquellos opositores que pretenden hacerse sentir con los recursos que levantan contra viento y marea, sino un gran menosprecio por el servicio público.
Ese tipo de persona no merece ocupar un puesto público.
Así que, es importante que veamos que las redes son un medio más y que es una plataforma a través de la cual se puede violar la ley electoral. Si bien nos aprovechamos diariamente de su inmediatez, rechacemos su mal uso sobre todo en el terreno del fin público. No dejemos que quienes usualmente burlan la ley y la veda electoral en los medios tradicionales, lo hagan ahora en los medios digitales creyendo que allí nadie se da cuenta. La veda electoral comienza el próximo 1ero de enero y concluye pasadas las elecciones en noviembre del 2024. Seamos un ejército de apoyo al Contralor Electoral. Así de paso, ponemos a prueba la efectividad de esa oficina. ¿Qué usted cree?
