En el 2011, mediante un contrato de privatización parcial de las autopistas de Puerto Rico, se le otorgó la administración de varias de las carreteras con peaje en el norte de Puerto Rico a una compañía española llamada Abertis, que operaria en bajo el nombre de Metropistas. Esta privatización fue un primer esfuerzo para alegadamente tratar de salvar de la insolvencia a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
En el 2013, el Gobernador Alejandro García Padilla aprobó la Ley 31-2013. Esta ley, entre otras cosas, viabilizaba la imposición de un arbitrio a la gasolina, para tratar de tirarle un salvavida a los a dos buques de guerra que se hundían, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la ACT. Allí nació la crudita.
Para el 2015 los buques seguían hundiéndose. Así que García Padilla aprobó la Ley 1-2015, imponiendo una segunda crudita. ¿Qué paso? Seis meses después García Padilla proclamaba al mundo que la deuda entera de Puerto Rico, y la de sus corporaciones públicas, incluyendo la ACT, eran impagables. No obstante, las cruditas nos esperaban en la bomba de gasolina.
Un año después, se aprobó la Ley PROMESA. Cinco años después, se negocia la deuda de los bonos generales del Estado Libre Asociado y la Asamblea Legislativa, liderada por el PPD y PNP, aprobaron la Ley 53-2021, Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, mediante la cual autorizaron, entre otras cosas, que los recaudos provenientes de las cruditas ya no pasaran a las cuentas de la ACT, sino que pasaran a las cuentas del fondo general desde donde se comenzaría a pagar la deuda y las pensiones negociadas. Así, teníamos que seguir pagando las cruditas.
Al año siguiente, se negocia la deuda de la ACT, la cual ascendía en aquel momento a 6.4 billones de dólares para reducirla, según los partes de prensa, a 1.6 billones de dólares. No obstante, seguíamos pagando las cruditas.
En octubre de 2023, se negocia la privatización de las restantes vías con peaje en Puerto Rico en favor de Metropistas. Según la información brindada por el gobierno esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones a la ACT que le permitirá cubrir el pago de su deuda. Hasta ahí todo bien, excepto que, el nuevo contrato de privatización constituye la entrega total del monopolio de la administración de las autopistas y peajes por los próximos 40 años a una empresa privada. Ninguno de los contratos ata las ganancias de la privatizadora a los ahorros que pueda traer el conocimiento y peritaje de la empresa en la administración de las autopistas, sino primordialmente en el aumento de tráfico y aumento de peaje futuros, los cuales se le permite a razón de 1.5 % por año de contrato. Esto es, seguimos cometiendo los mismos errores en la privatización que se cometieron con LUMA, Genera y Global Port Holdings.
Al final del camino, hoy seguimos pagando las dos cruditas que se nos impusieron para alegadamente evitar la quiebra de la ACT. Hoy pasamos de un monopolio del estado a un monopolio privado por los próximos 40 años, en donde las ganancias de la privatizadora no están atadas a su ejecutoria y ahorros, sino en el alza del costo de peaje que se le permite imponer anualmente. Mientras, en la legislatura, lo único que hacen es bajar un proyecto por descargue, sin vistas públicas o discusión alguna, para eliminar la crudita a causa de la otorgación del contrato de privatización a Metropistas.
La misma legislatura que hace dos años autorizo que los recaudos de la crudita pasasen al fondo general, desde donde se pagan las obligaciones del gobierno, incluyendo la quiebra, hoy trata de eliminar la crudita bajo el argumento que dichos recaudos iban a la ACT para el pago de su deuda. Para colmo, en la legislación, le dicen a la Junta de Supervisión Fiscal que es a la legislatura a la que le corresponde determinar los destinos de los recobros de impuestos y no a dicha entidad. Me sentaré a esperar la cartita.
Lo triste es que una legislación que se pudo haber trabajado con tiempo y seriamente, se convirtió en el último balón político para tratar de anotarse puntos en los discursos electorales. Solo piense en algo, mientras por la radio le dicen que están legislando para eliminarle las cruditas, usted y yo seguiremos pagándolas en la bomba de gasolina y seguiremos sujetos a los aumentos de peaje por los próximos 40 años. Y en la ACT habrá millones para repartir en proyectos de carreteras durante el año electoral. Nos dan de arroz y de masa. No podemos seguir aguantando más, aquí lo único que hay que hacer que pase es que se vayan los rojos y azules.
