Durante los pasados años, hemos sido víctimas de cómo el servicio público se ha visto empañado por desafortunados casos de corrupción en todas las esferas, pero de igual forma, todos hemos sido testigos de la ineficiencia de los entes encargados de combatirla.
Muchos puertorriqueños, no solo han perdido la confianza en estos funcionarios que han defraudado el servicio público, sino que también han perdido la confianza en las agencias que están llamadas a velar por el más estricto cumplimiento de las leyes y el buen uso de fondos públicos. La razón es sencilla: la búsqueda de la justicia, la transparencia y el poner en funcionamiento el brazo investigador del gobierno, fracasan cuando los funcionarios responsables de la dirección de éstas, de forma arbitraria y politiquera, conducen sus trabajos.
Las agencias del sistema anticorrupción están evidenciando sus propias ineficiencias y la politización en los procesos de investigación y acusaciones; que a su vez han incentivado una cultura de impunidad para unos y persecución para otros. La corrupción nos cuesta un 10 % del presupuesto general y a esto se le suma que estas agencias representan un presupuesto de 180 millones en los pasados 10 años.
Hoy permea en ellas, no solo la duplicidad, la pobre efectividad, el gasto excesivo en contrataciones, sino el uso del poder para manipular lo más sagrado en nuestra democracia: los procesos electorales.
El comienzo del ciclo electoral 2024 se ha caracterizado por la agenda de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y hasta la Oficina del Contralor de Puerto Rico, todas al servicio del Partido Nuevo Progresista (PNP). Las denuncias de persecución en el pasado del Gobierno de Pedro Pierluisi vinieron de la ex Gobernadora Wanda Vázquez, pero también de la actual comisionada residente Jennifer González. Las denuncias iniciales de persecución bajo el Gobierno de Pedro Pierluisi vinieron de la ex Gobernadora Wanda Vázquez, pero también de la actual comisionada residente Jennifer González.
No es casualidad que los mencionados y señalados sean los funcionarios de municipios baluartes del Partido Popular Democrático (PPD).
Todo el que le falle al país debe pagar. La corrupción hay que atajarla venga de donde venga, pero hay que hacer justicia y castigar a los corruptos de verdad, sin agendas premeditadas, sin intentar socavar o manipular la democracia. Durante los pasados años hemos visto cómo muchos de estos casos se caen durante el proceso de vista preliminar, lo que da pie a inferir que ellos no quieren ganar casos, sino quieren ganar elecciones.
No podemos ni permitiremos que las agencias encargadas de atajarla se conviertan en el brazo operacional del PNP para manipular la voluntad del pueblo. Las elecciones se ganan en las urnas, no radicando casos frívolos para mancillar reputaciones o cambiar percepciones.
