Luego de varios años de investigación, fiscalización y denuncia sobre la terrible crisis de violencia contra la niñez en Puerto Rico, logramos un primer paso. La Cámara de Representantes aprobó recientemente nuestro proyecto de ley 1333 para declarar un estado emergencia por la violencia infantil.
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Esta declaración de emergencia mandata a varias agencias del gobierno a establecer protocolos, adiestramientos y planes de educación continuada, la rendición de cuentas a la Legislatura, que se atiendan con urgencia los referidos de casos de maltrato y tortura de menores y, crear un registro único para uniformar los datos de las agencias, entre otras disposiciones.
La Coalición paz para la niñez, que agrupa a un nutrido grupo de organizaciones que atienden y manejan casos de violencia infantil en primera fila serán, además, parte del ente fiscalizador para el cumplimiento de la ley.
¿Por qué declarar una emergencia? En los últimos años en Puerto Rico ha habido un aumento alarmante en la cantidad de incidentes de maltrato infantil, que incluye la agresión mental y emocional, agresiones físicas y sexuales e incluso, la tortura. Las emergencias que ha enfrentado el país durante los pasados años, como los huracanes, temblores y la pandemia del COVID-19, provocaron un aumento, y a su vez invisibilizaron el maltrato infantil en Puerto Rico. A lo anterior sumamos las deficiencias presupuestarias por las que atraviesan muchas de las agencias y programas dirigidos a ofrecer los servicios necesarios para atender esta crisis.
Con nuestra iniciativa, y la de un nutrido grupo de expertos y grupos profesionales en la materia, estaremos protegiendo a miles y miles de niñas y niños en Puerto Rico que están a la merced de la violencia, el daño y la tortura. Niñas y niños que están sufriendo física y emocionalmente.
Estamos conscientes que con una sola ley no resolveremos un problema tan complejo y difícil, pero con la aprobación en el Senado y, posteriormente la firma de gobernador, el Proyecto 1333 será una contribución importante debido al conjunto de obligaciones que tiene el gobierno por los próximos tres años como parte de la declaración de emergencia.