Esta semana se aprobó, tanto en Cámara como en Senado, un proyecto para crear el marco regulatorio para agencias públicas y empresas en términos de seguridad de datos.
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De contar con la firma del Gobernador, Puerto Rico estaría dando un paso en avanzada pues estaríamos en ruta a proteger los datos e información del gobierno y de los ciudadanos ante las amenazas cibernéticas que cada día, como sabemos, son más frecuentes y sofisticadas.
El gobierno del futuro es uno con cada vez más procesos digitales que requieren sistemas de seguridad robustos y confiables. Esta legislación coloca a Puerto Rico a la vanguardia en el tema de la ciberseguridad proveyéndole a los puertorriqueños seguridad y confianza en los sistemas digitales del gobierno.
El contar con un marco regulatorio como este, ayudará en diferentes renglones de nuestro quehacer diario ya que tener garantías de seguridad en la era digital permite aprovechar aún más las oportunidades que ofrece la conectividad tecnológica. Es tener la seguridad que nuestra información estará protegida y que las empresas y el Gobierno tendrán las herramientas necesarias para evitar y enfrentarse a incidentes y ataques cibernéticos.
Confío que con la aprobación y ejecución de esta Ley de Ciberseguridad para Puerto Rico se disminuya la vulnerabilidad de nuestros sistemas y que se establezcan políticas públicas y normas de seguridad cibernética más rigurosas, medidas de prevención, detección y respuesta ante amenazas, así como también en el robo de identidad y el fraude.
Este es uno de los muchos esfuerzos que deben seguir surgiendo en la isla para garantizar un gobierno ágil, tecnológico y de acceso a la información para la ciudadanía. Sin embargo, es mucho lo que nos queda por hacer, y ese trabajo requiere un compromiso de todos los sectores para asegurar que Puerto Rico esté insertado en la era digital y cuente con las garantías necesarias para que como país enfrentemos las amenazas cibernéticas con seriedad y responsabilidad.
Gobernador, confío en que este proyecto, que contó con el aval de las agencias públicas y empresas relacionadas, adicional a la Asamblea Legislativa, cuente con su apoyo y sea convertido en Ley.