Ayer hubo un evento importantísimo sobre el inconcluso y espinoso tema del estatus político de Puerto Rico. A mi juicio se trata del asunto que más incide en todas las facetas de nuestra sociedad y que sigue siendo un zumbido molestoso en nuestra psiquis colectiva que no nos permite desarrollar planes permanentes para nuestro desarrollo futuro, sea o no realmente urgente.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico lideró una discusión sobre los efectos económicos de un cambio de estatus, ya sea hacia la estadidad o la soberanía. El punto de partida de la conversación fue la presentación de un estudio sobre ese tema del economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Dr. José Caraballo Cueto, uno de los más respetados en su campo. Resulta dramático que el sector privado, que tradicionalmente prefiere hablar de otros asuntos, tome la batuta en este tema, reconociendo que es uno que les afecta y nos impacta a todos. Resulta también importante que se haya realizado un estudio local sobre el estatus y la economía puertorriqueña, cosa que no veíamos de una manera amplia desde que se hacían en la Oficina de Contabilidad General del Congreso de los Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) y la Oficina Congresional del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) a finales del siglo pasado y principios de este.
En su estudio, Caraballo Cueto expuso de manera exacta los pros y contras de cada opción de estatus para nuestra economía. El análisis consideró distintas modalidades de la estadidad y de la soberanía, tanto como independencia total o libre asociación.
En cuanto a la anexión, el estudio de Cueto establece que podríamos estar bajo dos escenarios, uno productivo para nuestra economía y otro devastador. ¿La clave? Los impuestos federales. El estudio dice que podríamos estar ante una estadidad que disminuya la desigualdad social, pero también ante un escenario que nos coloque como un estado pobre. Por eso, Caraballo dice que el liderato estadoista, en vez de hablar de paridad de fondos federales como el gran logro de esa fórmula de estatus, tiene que plantear el modelo contributivo bajo el cual operaremos para poder “venderle” a los ciudadanos una opción que proyecte una economía robusta para Puerto Rico.
Sobre la independencia, el estudio de Caraballo Cueto concluye que el ambiente sería naturalmente más retante, pero que hay áreas de mucha oportunidad con las nuevas leyes migratorias y de cabotaje. Plantea que podría haber un éxodo de 500 mil habitantes pero de igual forma una entrada de nueva mano de obra latinoamericana. Dice el estudio que una devaluación de nuestra nueva moneda nacional podría representar una oportunidad de desarrollo económico como ocurrió con la República Dominicana hace 20 años, de la misma forma que un aumento en el turismo y en las ventas al detal. Pero que estaríamos expuestos a una reducción de salarios, un aumento en los costos de las importaciones, entre otros factores.
Nuestra condición colonial desde hace más de 500 años, primero bajo España y hace 125 años bajo Estados Unidos, necesita una resolución definitiva porque es un estorbo a todos los niveles. Lamentablemente no luce que se atenderá efectivamente porque no hay voluntad política aquí y en Washington. A la clase dominante (política y económica) no le conviene salir del estatus quo, tanto así que hemos convivido con la ley federal PROMESA (la subordinación en su máxima expresión) desde hace varios años sin mayores protestas.
Felicito a la Cámara de Comercio y su presidente Ramón Pérez por mover al sector privado a salir del “comfort zone” e insertarse en los temas medulares. Invito a mirar el estudio de Caraballo Cueto y que lo tengamos como un nuevo referente al momento de discutir el tema de nuestra relación política con Estados Unidos y el resto del mundo.
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