En Puerto Rico, el fentanilo ha desencadenado una devastación alarmante en nuestras comunidades. Desde el 2021, los casos de sobredosis por fentanilo se han triplicado, dejando una marca indeleble en la salud colectiva y el bienestar comunitario. Estos datos se suman a la noticia de una reciente operación policial para combatir la distribución del fentanilo en el país. Más allá de las estadísticas, son las vidas perdidas, las familias destrozadas y las comunidades afectadas lo que refleja la cruda realidad: estamos ante una creciente epidemia que afecta profundamente nuestro tejido social.
El fentanilo, una droga sintética despiadadamente adictiva, ha arrebatado esperanzas y sueños. La falta de vigilancia y recolección de datos sobre el mercado ilícito ha permitido la entrada de sustancias aún más peligrosas, erosionando la seguridad de nuestras comunidades y aumentando el sufrimiento.
¿Qué podemos hacer? Es fundamental que el gobierno asuma una mayor responsabilidad y adopte políticas que prioricen la salud, la reducción de daños y el bienestar colectivo. El aumento en sobredosis por fentanilo y en personas con trastornos por consumo de opioides no solo impacta individualmente, sino que mina la fortaleza de nuestras comunidades. Este escenario subraya la necesidad imperante de medidas eficaces, humanistas y salubristas que están centradas en lo colectivo.
La protección y expansión de las leyes de buen samaritano son fundamentales para salvar vidas en nuestras comunidades. Es esencial invertir en la vigilancia y seguimiento de drogas ilícitas para cortar el suministro de estas sustancias letales que deterioran nuestro bienestar comunitario. Es esencial tratar la adicción como una enfermedad que se puede tratar y de la cuál se puede recuperar, en vez de tratarla desde la impunidad, penalidad y la criminalización de la enfermedad y el sufrimiento humano.
La accesibilidad al narcan, un antídoto para prevenir sobredosis fatales, debe ser una herramienta comunitaria disponible para todos. Más inversión en salud, prevención y resiliencia comunitaria es esencial para combatir este flagelo. La educación, prevención y tratamiento deben centrarse en fortalecer el entramado social, promoviendo una red de apoyo y cuidado para cada individuo y su comunidad.
Nuestro derecho a una vida digna y saludable no debe verse comprometido por el fentanilo ni cualquier otra droga. Todos merecemos vivir en comunidades seguras y saludables, libres de la devastación causada por la adicción. Adjudicar más responsabilidad al gobierno para adoptar políticas salubristas desde el sistema de sanidad pública es crucial. Solo mediante una respuesta integral y coordinada, impulsada por políticas públicas efectivas que fortalezcan nuestros lazos comunitarios, podremos superar esta epidemia. Es hora de unirnos, como sociedad, para exigir que el gobierno tome acción contundente para aliviar el sufrimiento y reconstruir nuestras comunidades, asegurando un futuro donde el bienestar colectivo sea una prioridad.
