Proyecto Dignidad (PD) continúa su desarrollo y crecimiento. Esto preocupa tanto a políticos acostumbrados al poder, a corruptos enquistados en los partidos tradicionales como a la alianza de la izquierda socialista. Hemos crecido a pesar de los retos, obstáculos, barreras a la competencia política escondidas en el derecho electoral, así como traspiés propios. Proyecto Dignidad no es una organización que dependa de protagonistas; es el vehículo para el reclamo ciudadano de vida digna en la sociedad puertorriqueña.
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Algunos politiqueros han inflado distintos sucesos que han afectado a PD y sus candidatos, pretendiendo bajarnos al nivel de la corrupción y el cinismo que infecta el Partido Nuevo Progresista (PNP)/Partido Popular Democrático (PPD). Irónicamente nos acusan de ser iguales a ellos. Es que la corrupción necesita verse como realidad ineludible e inalterable para contaminar no solo a todo el gobierno, sino a toda la sociedad.
Desde 2020, las autoridades federales han procesado a más de diez funcionarios por corrupción pública, sin contar primos y un amigo íntimo del Gobernador, ni la acusación a la exgobernadora. En el 2019 vivimos la vergonzosa renuncia de un gobernador, cuyos cómplices “boys” han ido reinsertándose a la vida pública y al gobierno proyectándose como “rehabilitados”. Así vimos la foto risueña de un aspirante a comisaría residente al lado del exgobernador expulsado. Por otra parte, la pasada semana escuchamos testimonios sobre las artimañas de una exrepresentante del PNP.
Un periódico señaló el dato de que, con más de 40 oficiales, el cuatrienio con más acusados de corrupción había sido el segundo del gobierno de Pedro Rosselló y el PNP. Aquello representó un ritmo de acusaciones de casi uno mensualmente. Hoy las acusaciones o arrestos de políticos y funcionarios gubernamentales avanzan a un ritmo de 1 cada 2 meses.
Frecuencia vergonzosa que después de 27 años tiene que desmoralizar y desalentar nuestra sociedad. Ante tal corrupción, algunos puertorriqueños llegan a pensar erróneamente que la opción para progresar personalmente, como familia y como comunidad es unirse a la cultura del pillaje y la gansería.
Otros piensan, erróneamente, que la única forma de cambiar esta situación es derrocar el sistema e instaurar un gobierno, aún más controlador. Esos se agrupan en la alianza de la izquierda socialista Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)/Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)/Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH). Este pensamiento errado es causado por la pérdida de estatura moral de los políticos, así como la manipulación a conveniencia del estado de derecho. Error que ha sumido a muchos países en un rumbo destructor y cuyo representante máximo es la dictadura en Venezuela.
Proyecto Dignidad propone una visión conservadora guiada por principios, apuntalada en democracia, libertad personal y económica. Esa visión se concreta de distintas maneras y una fundamental es la de sacar al gobierno del rol siempre presente que juega en nuestra vida, el caldo de cultivo para la corrupción.
Decimos que hay que erradicar el gobierno omnipresente, pero la realidad es que también hay que limpiar la casa, legislatura y ejecutivo. Proyecto Dignidad tiene la misión de reconfigurar ese gobierno que pretende controlar todo el quehacer privado de sus ciudadanos, que ha generado el clientelismo, amiguismo a través de traficantes de influencia y contactos que usa el gobierno como fuente de ingreso.
Proponemos sacar del gobierno aquellos segmentos que puedan ser mejor servidos por el sector privado —pero no para instaurar los LUMA, GENERA, Global Ports. Privatizando la actividad o reformando entidades como el Fondo del Seguro del Estado y otras que sirven para acomodar operarios políticos.
Proponemos reducir la burocracia intermedia del Gobierno, donde -—la Oficina de Ética Gubernamental— se concentra la mayoría de los casos de corrupción en Puerto Rico, aplanando la estructura organizacional del gobierno para mejorar su eficiencia, requiriendo mayor supervisión y rendición de cuentas.
Propondremos la implantación, con fuerza de ley, de un plan de clasificación y retribución, que fije salarios razonables y uniformes a todos los empleados legislativos para evitar el atropello —que hemos escuchado— de un legislador contra sus empleados.
Esas y otras propuestas nos dirigirán a encontrar un camino de verdadero desarrollo social, económico y político. Las ideas son importantes pero el carácter y la visión son fundamentales.