La pasada semana, se convirtió en la Ley 40 del 2024, un innovador proyecto de mi autoría, que sin duda alguna, es un paso firme para el futuro de la seguridad de los datos en el Gobierno de Puerto Rico; la Ley de Ciberseguridad. Esta iniciativa, que contó con el respaldo de mis compañeros de Cámara y Senado, sin duda alguna es un pilar esencial para el gobierno del futuro.
Con un enfoque proactivo, esta Ley no solo busca reducir los riesgos de ciberataques, sino también impulsar al gobierno a una era digital más segura. La creación de la Oficina para la Evaluación de Incidentes Cibernéticos, adscrita al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), sin duda garantizará el monitoreo, identificación y respuesta del gobierno a eventos irregulares de seguridad.
Diariamente, son miles los intentos de ciberataques que reciben nuestras agencias de gobierno. Solo unos pocos trascienden públicamente, pero en el primer semestre del 2023, Puerto Rico recibió mas de mil millones de intentos de ciberataques. Esta Ley establece requisitos mínimos de seguridad para entidades públicas y empresas privadas que contraten con el gobierno, brindando a los ciudadanos la tranquilidad de que su información está resguardada.
La prohibición de realizar pagos por rescate en respuesta a ransomware, la elevación del Chief Information Security Officer a rango de ley, y la regulación de la contratación de empresas tecnológicas son algunos de los aspectos clave propuestos por esta legislación. Estas medidas no solo buscan prevenir y gestionar amenazas cibernéticas, sino que también establecen un marco regulatorio integral para garantizar la seguridad digital.
Con la firma de la Ley de Ciberseguridad, Puerto Rico aspira a posicionarse a la vanguardia en este tema. La confianza y seguridad en los procesos gubernamentales digitales son metas alcanzables gracias a esta legislación que proyecta un futuro más resiliente y protegido para todos los ciudadanos.
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