En medio de la ola de casos de violencia de género que afecta a tantas mujeres en nuestro país, por los pasados días he enfatizado la importancia de la implementación efectiva de la Ley 89 de 2023 de mi autoría, la cual busca enmendar el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica.
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La pasada semana, envié una comunicación a las a agencias involucradas, entre ellas la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección, a los fines de que informen sobre el estado de la implantación de esta ley. Una que fortalecerá la seguridad de las víctimas al imponer supervisión electrónica a los imputados y proporcionar aplicaciones tecnológicas para la detección del agresor.
En un esfuerzo por utilizar la tecnología como aliada en la lucha contra la violencia doméstica, la Ley 89 busca implementar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para prevenir casos de reincidencia y mejorar la protección de las víctimas. La supervisión electrónica, a través de dispositivos como teléfonos, relojes inteligentes u otros aparatos tecnológicos similares, permitirá a las víctimas detectar la presencia del agresor y notificar a las autoridades si este viola el perímetro establecido por la orden del tribunal.
El país, pero sobretodo las víctimas de este mal, deben tener claro que las agencias tenían la responsabilidad de prepararse y asegurarse de tener todos los programas necesarios para poner en funcionamiento este sistema en beneficio de las víctimas a partir del próximo 8 de febrero. Hago un llamado a que se rindan cuentas y que nuestras agencias gubernamentales estén verdaderamente comprometidas con la protección y el servicio a las víctimas de violencia doméstica.
No es aceptable que, a días de entrar en vigor, las agencias del ejecutivo incumplan con su deber ministerial. Mi solicitud no es una mera solicitud de información, sino una medida crucial para asegurar que todas las agencias estén debidamente preparadas para implementar un servicio tan vital para las víctimas de violencia doméstica. En una sociedad comprometida con la justicia y la seguridad, es imperativo que las palabras se conviertan en acciones, y que la protección de las víctimas sea una prioridad.