Los fondos públicos tienen que ser destinados a fines públicos. Creo que este dato es bastante sencillo de entender y no necesita mucha explicación. De hecho, la propia Constitución de Puerto Rico establece claramente los principios relacionados con los fondos públicos en su Sección 9 del Artículo VI, en donde dispone que “Solo se utilizarán las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. En palabras claras, es ilegal, y hasta inconstitucional, el que fondos públicos sean utilizados para otros fines que no sean públicos.
Del mismo modo, la veda electoral es el mecanismo que provee el Código Electoral de Puerto Rico para limitar la publicidad pagada con fondos públicos o producida con recursos públicos en año electoral. Con la veda, se prohíbe la utilización de fondos o recursos públicos para favorecer un partido político, o alguna ideología, en menoscabo del resto de las alternativas electorales.
Sin embargo, en Puerto Rico, tal parece que el Partido Nuevo Progresista en año electoral ni reconoce ni respeta esta prohibición, tratando de hacer con anuncios pagos con fondos públicos lo que no ha hecho con obras. Fondos que vienen directamente del bolsillo de todos los contribuyentes.
El pasado domingo, denunciamos la publicación de anuncios de la Junta de Planificación durante el pasado mes de enero que no fueron evaluados por la Junta Evaluadora de Anuncios (comité adscrito a la Oficina del Contralor Electoral) y fueron aprobados de forma expedita por la propia Oficina del Contralor Electoral. Anuncios que claramente utilizan frases o estribillos para realzar la mala imagen del gobierno de turno y sin ningún fin público. ¿Por qué este anuncio no pasó por el análisis de la Junta Evaluadora?¿Cuál es el fin público de estos anuncios?
No es posible que la práctica del ente fiscalizador, en año electoral, sea dejar que las cosas pasen. Las campañas publicitarias de las agencias de gobierno deben cumplir un servicio público, no anunciar supuestos logros o levantar la imagen de un candidato. Los fondos públicos no son para usarlos ilegalmente para realzar la imagen del primer ejecutivo, son para mejorar la calidad de vida de la gente.
En el Partido Popular Democrático continuaremos fiscalizando a las agencias del ejecutivo. El uso de recursos públicos con fines políticos no puede continuar siendo la norma, ni en esta administración ni en ninguna. La transparencia y la integridad del proceso electoral están en juego, y las agencias fiscalizadoras deben tomar medidas para garantizar un juego limpio en la contienda política.
