En Puerto Rico viven miles de familias en condiciones de pobreza y desigualdad social. El servicio de energía eléctrica es, por varias razones, una precariedad notable para esta población que tiene que lidiar, además, con la inestabilidad del sistema eléctrico y la incapacidad para costearlo —tras una ristra de aumentos— y que incluso, cuando por razones médicas, utilizan equipos eléctricos para paliar alguna enfermedad.
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A ello sumamos las comunidades enteras que, debido a su ubicación geográfica y por ser áreas rurales, su nivel de vulnerabilidad fue mayor durante la recuperación energética después del huracán María.
En ambos escenarios la búsqueda de una alternativa de energía renovable es primordial pues hablamos de un servicio fundamental para mejorar las condiciones de vida. Pese a ello, los limitados, mal planificados y ejecutados programas del Departamento de la Vivienda (DV) para proveer energía renovable —anunciados con fuegos artificiales—no son un plan organizado de política pública, de acceso a la energía renovable. Tampoco son el inicio de proyectos de micro redes de carácter social y comunitario.
Esta realidad fue la que provocó el caos en la implementación del programa y la otorgación de turnos para sistemas solares. No se protegieron a las familias de adultos mayores, en particular los que viven solos. Tampoco fueron prioridad las familias con personas con condiciones graves en su hogar. El modelo para acceder a estos programas limitados dependía de la agilidad y la rapidez en el uso de dispositivos electrónicos o, en última instancia, en la movilidad y capacidad física para obtener un turno. Para colmo, el DV no puede garantizar que cumplió con la ley de turnos preferentes para adultos mayores y personas de diversidad funcional.
Otro programa del DV va dirigido a proveer energía renovable a 16 comunidades vulnerables, pero está por verse cuáles serán y ya el gobierno reconoció que no serán micro redes como proponemos desde el PIP. Estos programas no promueven la energía renovable en función de las realidades de las comunidades. Dependen del mercado y decenas de compañías para la ejecución del programa. Ojalá que para las familias que lograron acceder a este programa se cumpla la meta de lograr una energía renovable para satisfacer sus necesidades.
El modelo que debemos aspirar es uno planificado, organizado colectivamente, en función de las comunidades y sus realidades. Ese es el camino.